El Consell de Mallorca, ha ejecutado 448 visitas de inspección a establecimientos turísticos entre el 1 de enero y el 31 de marzo de este año, de las cuales 337 se han hecho a alojamientos turísticos, 66 a intermediarios turísticos y 41 a establecimientos de restauración y de entretenimiento, entre otros.
En cuanto a los municipios con más inspecciones, la mayoría se han hecho en las zonas más turísticas de la isla, como por ejemplo Palma (165), Manacor (31), Pollença (23), Santa Margalida (23), Llucmajor (21), Santanyí (17), Alcúdia (15), Artà (13), Muro (12) o Calvià (10).
A consecuencia de estas acciones de control, se han interpuesto 66 actas de infracción. Del total, 45 se han abierto a alojamientos turísticos, de las cuales 33 son viviendas turísticas, la mayoría de ellas para ser ilegales (26).
Las actas levantadas en el resto de alojamientos son, en su mayoría, por sobrecomercialización de las plazas turísticas pertinentes. Respecto al resto de actas de infracción, se han producido en restauración y establecimientos de entretenimiento (12) y a intermediarios turísticos (9).
Hay que recordar que la ciudadanía puede informar el Consell si tiene conocimiento de alguna oferta turística ilegal que se lleve a cabo en Mallorca a través de la dirección electrónica [email protected]. En el caso de Palma, recientemente se ha habilitado un nuevo buzón electrónico para controlar específicamente el alquiler vacacional. Todas las denuncias o sospechas se pueden comunicar mediante la dirección lloguerturisticpalma@conselldemallorca.net.
La prioridad del Plan de Inspección de 2023 de ordenación turística es la supervisión de las estancias turísticas vacacionales en Palma. Por este motivo, la institución insular ha puesto en marcha un plan de choque específico, para luchar contra la oferta ilegal de viviendas turísticas plurifamiliares.
Mediante esta estrategia, la intención es detectar entre 800 y 1.000 solo a Palma. Hay que recordar que las infracciones para comercializar turísticamente un piso sin la licencia pertinente se califican de muy graves y esto implica una sanción que oscila entre los 40.001 y los 400.000 euros.
