La patronal mallorquina Pimem ha pedido al Ministerio de Trabajo que el nuevo real decreto sobre el registro de jornada laboral garantice los derechos de los trabajadores sin “asfixiar” a las pequeñas y medianas empresas, que representan el 99,8 % del tejido productivo en España.
La federación advierte de que la propuesta del Gobierno, en su redacción actual, impacta especialmente en microempresas y autónomos.
“Imponer a todos, sin distinción, sistemas electrónicos avanzados y costosos es desconocer la realidad de negocios con apenas cinco empleados que funcionan con hojas de cálculo, autónomos que apenas cubren costes o empresas de temporada con redes inestables”, señala.
Pimem recuerda que la Constitución protege tanto la intimidad como la libertad de empresa y que el artículo 34.9 del Estatuto de los Trabajadores exige un registro diario, pero no obliga a que sea electrónico.
Asimismo, subraya que el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) establece que la información recogida debe ser mínima, no intrusiva y no almacenarse de forma indefinida.
Por ello, propone exenciones y sistemas simplificados para las compañías con menos de 50 trabajadores, así como modelos mixtos —manuales o digitales— pactados en convenios colectivos.
También aboga por establecer límites claros al uso de datos sensibles como biometría o geolocalización, para preservar la confidencialidad propia de la actividad empresarial.
Finalmente, Pimem considera “indispensables” periodos de adaptación razonables y acompañados de ayudas públicas a la digitalización, con el fin de facilitar la transición sin comprometer la viabilidad de las pequeñas empresas.
