El acceso al empleo de las personas con discapacidad sigue siendo una asignatura pendiente en España, con una participación todavía exigua en el mercado laboral. Así, su tasa de actividad alcanza en Baleares el 41,3% o, lo que es lo mismo, el 58,7% de las personas con discapacidad en edad laboral no tiene empleo ni lo busca.
Y a pesar de que su contratación ha experimentado un fuerte ascenso en los últimos años, lo cierto es que la mayoría de los contratos vienen suscribiéndose en el ámbito protegido (Centros Especiales de Empleo, empresas cuya plantilla está formada por un 70% de trabajadores con discapacidad, como mínimo), mientras que su presencia en las empresas ordinarias sigue siendo deficitaria.
Los Centros Especiales de Empleo (CEE) han de tener, como finalidad última, la inclusión del mayor número de personas con discapacidad en el régimen de trabajo ordinario, constituyendo un puente transitorio que les permita adquirir las habilidades y competencias necesarias.
Sin embargo, y sin negar la importancia y el papel crucial de los CEE en el proceso de inclusión, al fomentar la autonomía y competencias de las personas con discapacidad, en ocasiones se consolidan como una medida finalista, en lugar de constituir un elemento transitorio, desvirtuándose en estos casos su naturaleza. De hecho, si hacemos un repaso de la serie histórica de contratos suscritos por personas con discapacidad, la mayoría se celebran en Centros Especiales de Empleo.
Mientras, en la empresa ordinaria, el entorno donde la inclusión se produce en su máximo exponente, al convivir las personas con y sin discapacidad en los mismos espacios y proyectos, siguen dándose pasos hacia delante, pero el camino por recorrer aún es muy largo.
Si bien la contratación en el ámbito protegido sigue siendo predominante, durante el primer trimestre de este año se ha observado un crecimiento en la proporción de contratos en el régimen ordinario; un crecimiento que ya se produjo en el primer trimestre de 2021.
Así, si en los tres primeros meses de 2022 el 38,1% de los contratos a personas con discapacidad en Baleares se celebraron en empresas ordinarias, el porcentaje ha crecido hasta el 44,9% en el mismo periodo de 2023. En otras palabras, se ha incrementado 6,8 puntos porcentuales. Si hacemos la comparativa con el mismo periodo de 2021, observamos que la proporción de contratos en empresas ha crecido 14,2 puntos porcentuales, ya que entonces la proporción de contratos en empresas ordinarias era del 30,7%.
“La incorporación de personas con discapacidad es un asunto prioritario para muchas compañías, y ello se refleja en una mayor proporción de contratos a personas con discapacidad en el marco empresarial, pero siguen encontrando importantes obstáculos para incorporar a estos profesionales en sus plantillas. Dificultades en el proceso de reclutamiento, desconocimiento o falta de experiencias previas, son algunas barreras que complican el acceso de las personas con discapacidad a las empresas. Por otra parte, y partiendo de la innegable labor de los Centros Especiales de Empleo en la formación y desarrollo de las personas con discapacidad, resulta fundamental potenciar el trasvase hacia empresas ordinarias, a través de indicadores cuantificables”- recalca Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco.
