Según han informado fuentes de la Vicepresidencia Segunda del Gobierno y del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA), competente en vivienda, ambos departamentos han alcanzado el acuerdo un día después de retirarse la enmienda a los presupuestos generales que Unidas Podemos había presentado junto a ERC y EH Bildu para prohibir los desahucios hasta el 2022.
Fuentes del MITMA ha explicado que el acuerdo incluye prolongar hasta el 9 de mayo (cuando acaba el estado de alarma) la prohibición de los desahucios de personas en régimen de alquiler, que estaba previsto que acabara el 31 de enero de 2021.
Además, mientras que hasta ahora esta prohibición de desahucios sólo protegía a las personas en situación de vulnerabilidad económica directamente derivada del covid, ahora se ampliará a las familias que ya fueran vulnerables económicamente antes de la irrupción de la pandemia.
La otra gran novedad del acuerdo radica en que también se dará cobertura a las familias vulnerables que ocupan una casa sin tener un contrato de alquiler, que no podrán ser desahuciadas mientras no exista la posibilidad de que sean realojadas en una vivienda digna.
Las citadas fuentes del MITMA explican que dado que la "gran mayoría de ellas residen en viviendas propiedad de grandes tenedores" (fondos de inversión o gente que tiene al menos diez propiedades), se ha acorado prohibir también sus desahucios mientras dure el estado de alarma.
Por contra, las familias que estén ocupando viviendas de particulares no estarán protegidas por esta prohibición y el procedimiento de desalojo seguirá su cauce judicial habitual, aclaran las mismas fuentes.
Fuentes de la Vicepresidencia Segunda del Gobierno explican que las comunidades autónomas tendrán un plazo máximo de tres meses para buscar una nueva vivienda de la familia en situación de vulnerabilidad.
Las autonomías se encargarán de ofrecer esta alternativa habitacional, que será siempre una vivienda digna, es decir, que no podrá ser un albergue, precisa la vicepresidencia.
Así, el lanzamiento no podrá ejecutarse hasta que estas personas vulnerables no tengan asegurado y garantizado su realojo, siempre estando dentro del estado de alarma.
Desde el MITMA remarcan que la normativa no solo afecta a las personas que vayan a ser desahuciadas como consecuencia de la crisis por la pandemia, sino también a las que arrastraban situaciones vulnerables desde un momento anterior.
La "condición de vulnerabilidad" la concederán los servicios sociales a través de un informe vinculante que los tribunales tendrán que solicitar obligatoriamente antes de decretar el desahucio.
En consecuencia, el real decreto no amparará la prohibición de todos los desahucios, como pedían inicialmente en Unidas Podemos, sino solo a los que afectan a las familias más vulnerables, y tampoco se incluye la prohibición del corte de suministros en el caso de impagos.
