La Asociación de Constructores de Baleares calcula que el déficit de viviendas en las islas alcanza las 35.000, un problema que auguran que se agravará en los próximos años por el aumento de población.
Advierten de que, durante los próximos 13 años, habría que poner en el mercado para alquiler y venta unas 10.300 viviendas anuales para equilibrar demanda y oferta, cuando se están visando alrededor de 3.300.
La inversión total en construcción alcanzó los 2.055 millones de euros en 2023 en Baleares, un 15,4% menos, según el balance de actividad de 2023 publicado por la entidad.
La inversión privada decrece un 2,1% con 1.587 millones; y la pública se desploma un 42,1%, con 468 millones, rompiendo la tendencia al alza iniciada en 2021.
En inversión privada por islas, destaca la bajada en Menorca del 23%, con 110 millones, por la pronunciada caída en vivienda. El descenso de un 3% de la inversión en las Pitiusas se debe principalmente al bajón de proyectos turísticos.
En Mallorca, la inversión sube un 0,9% empujada por la vivienda, pero lastrada por la inversión en turismo.
La asociación ha advertido de que nunca se ha construido tan poca vivienda, en Baleares, a excepción de los años de la crisis inmobiliaria, y a pesar de vivir de la actual emergencia habitacional.
En Baleares se visaron 3.292 viviendas, que representan un retroceso del 7,5%. Han recordado que en 2007 se visaron 15.000 viviendas, pero desde 2009 no se han vuelto a alcanzar las 4.000 anuales.
El coste de construcción medio por vivienda (sin incluir el suelo) sigue aumentando y se sitúa en 380.000 euros, el triple que antes de la crisis de 2008.
En Mallorca, retrocede la vivienda plurifamiliar un 6% con 1.116 unidades y se mantiene la unifamiliar en 1.158. En plurifamiliar, la más necesaria por la falta de vivienda asequible, se está construyendo un 10% de lo que se sacaba al mercado en época de máximos.
Advierten de que la convivencia en Palma y Calviá de dos planes generales hasta la aprobación definitiva del nuevo PGOU desanima la inversión y dificulta el desarrollo del suelo urbanizable programado.
En Menorca, cae el plurifamiliar un 55% y el unifamiliar un 36%, con 161 viviendas. En plurifamiliar se construye solamente el 4% del máximo alcanzado en 2007.
En las Pitiusas se visaron 798 proyectos residenciales con una disminución del 3%. La plurifamiliar disminuye un 8% con 580 unidades. La unifamiliar sube un 12,9% con 218 unidades. Se construye un 26% del plurifamiliar que en el punto máximo.
En 2023, se visaron 47 VPO por el Colegio de Arquitectos, un 50% menos, todas ellas en Mallorca, cantidad "insuficiente para atender la demanda actual".
Según la patronal "es imprescindible que el Govern aumente la construcción de vivienda social y la colaboración público-privada para propiciar unas condiciones óptimas para la construcción de VPO por parte del sector privado".
La inversión en turismo fue de 174 millones, un 23% menos. En Mallorca cayó un 17% y en las Pitiusas un 44%. En Menorca se mantiene con un ligero descenso del 1,6%.
La asociación señala la caída drástica de la obra pública, del 42,1%, y que 91 licitaciones por valor de 69 millones quedaron desiertas en 2023, como mínimo en primera convocatoria, obligando a las administraciones a revisar al alza el precio "a veces en dos o tres ocasiones".
Según la asociación, "esto, sumado a la negativa de las administraciones, principalmente ayuntamientos, a tramitar las solicitudes de revisión de precios, ponen en peligro la ejecución de obras con fondos europeos".
Los datos de empleo del sector son positivos a pesar de la falta de mano de obra, con 60.000 trabajadores.
En 2024, prevén una leve tendencia a la baja en construcción, aunque dependerá del alcance de las medidas del Decreto de Simplificación Administrativa del Govern, la autorización de Entidades de Colaboración Urbanística (ECUS) para agilizar la tramitación de licencias municipales, la agilización de suelos ya programados y el aprovechamiento final de los fondos europeos.
La asociación manifiesta su decepción porque la mayoría de ayuntamientos no están aprovechando el decreto de emergencia de vivienda.
Reclaman agilizar la tramitación de suelos urbanizables previstos; e implantar bonificaciones del ITP y el IBI por la compra de la vivienda habitual y desgravaciones a los propietarios que pongan vivienda en alquiler a precios asequibles.
Esperan que la obra pública remonte en 2024, aunque "continuará la cascada de licitaciones desiertas por falta de actualización de los precios".
Reclaman urgentemente volver al modelo de contratación pública anterior a 2015, "que recogía fidedignamente los sobrecostes y las rebajas de precios de materiales y energía".
Reivindican mayor impulso a las ayudas europeas a la Rehabilitación Energética de edificios y viviendas, porque la mitad de inmuebles de Baleares tienen calificación energética F o G, las más bajas.
Piden además potenciar la formación a través de la Fundación Laboral de la Construcción ante la falta de mano de obra.