El millar de marcas franquiciadas que opera en España lucha también con el sobrecoste que supone para ellas la inflación, que supera el 10% y estrecha sus márgenes operativos, y pide a las Administraciones paciencia y ayudas para que se puedan adaptar a los cambios normativos.
"Necesitamos un equilibrio sobre las normas y cambios que van introduciendo las diferentes administraciones, que requieren inversiones y tiempo para que las podamos adaptar", explica a Efe Efe el director ejecutivo de la Asociación Española de Franquiciadores (AEF), Eduardo Abadía.
Como el resto de los negocios a pie de calle, las franquicias tienen por ejemplo que instalar ahora, antes de que acabe el mes, sistemas automáticos de cierre de puertas, tal y como exige el Gobierno como vía para reducir el gasto energético en el territorio nacional, lo que para muchas supone una inversión imprevista difícil de afrontar con tan poco margen de tiempo.
Los franquiciadores españoles piden a las diferentes administraciones públicas (local, autonómica y nacional) que a la hora de establecer nuevas normativas traten de "coordinarse" e "ir de la mano".
"Si hay cambios importantes, las administraciones se deben de dar cuentan de que eso lleva un tiempo y un coste", reclama Abadía, que defiende que para facilitar que todos los negocios puedan adoptar las nuevas exigencias "hay que tener ayudas para ello".
UN SECTOR QUE NO PARA DE CRECER
Antes de que estallara la pandemia en 2020 en España había unas 1.380 marcas franquiciadas en España, una cifra que se ha más que duplicado en las dos últimas décadas y que no para de crecer, para dar empleo a casi 300.000 personas (de los que un tercio trabaja en locales propios y el resto en establecimientos franquiciados), según datos de la AEF.
De las 1.380 marcas que operan en España (en su mayoría en el sector de la moda -242 enseñas- y en el de la restauración -207-), algo más de 1.130 son nacionales (el 82%) y el resto procede de un total de 26 países, especialmente de Francia (56), EEUU (46) e Italia (44).
Aunque este sector no para de crecer, su facturación sí va teniendo altibajos, con un claro bache en la crisis de 2008. En 2019, antes de la pandemia, entre todas facturaron algo más de 26.000 millones de euros, por debajo de la cifra récord de 27.700 millones en 2018.
De cara a este año, consideran que se encuentran en una situación relativamente "buena" y no prevén un destacado número de cierres, pese a la elevada inflación, que en junio, julio y agosto superó el 10%.
En ese último mes los alimentos estaban casi un 14% más caros que un año antes y la electricidad hasta un 60%, unos sobrecostes que en muchos casos son difíciles de soportar, incluso aunque parte de ellos se trasladen al cliente a través de subidas de precios. "No se puede subir los precios al mismo nivel", explica Abadía.
