PIMEM ha criticado este jueves que el sector público ha empeorado sus plazos de pago hasta los 67 días, un incremento que no se producía desde 2014 y que lo sitúa por encima del sector privado que es de 64 días.
La patronal ha recordado que las administraciones locales son las que peor pagan y cita Vilafranca de Bonany, Binissalem y Marratxí como los ayuntamientos que más se retrasan en pagar, con demoras de los plazos que están provocando el cierre de pymes.
PIMEM pide un régimen sancionador a nivel estatal que sancione a quien no paga en el periodo marcado por ley y que afecte tanto al sector público como al privado.
Durante 2024, el plazo medio de pago del sector público aumentó 12 días (hasta esos 67 días de media), mientras que el del sector privado se redujo en 6 días (hasta los 64). Ambos registros superan los plazos que establece la Ley 15/2010, de 30 días para las administraciones y 60 para empresas.
La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) y PIMEM han denunciado el aumento del plazo del sector público y ha citado casos como el del Ayuntamiento de Vilafranca de Bonany con 119 días, Binissalem con 108, y Marratxí con 81. El Ayuntamiento de Palma tarda 29 días.
Según el informe, los plazos medios de pago sobrepasaron el periodo legal para el 76% de la administración local, para el 78 % de los proveedores de la regional y para el 80 % de los proveedores de la central.
El presidente de la patronal, Jordi Mora, ha pedido a Govern que elabore un informe anual del estado real de la demora en los pagos de todas las administraciones públicas de la comunidad. “Necesitamos una radiografía que nos sirva para ver los plazos de pago en Balears y a nivel estatal una ley de régimen sancionador y que afecte tanto a la administración pública como privada”, ha reivindicado Mora.
Por otra parte, el estudio señala que los datos obtenidos por la PMcM distan de la información que aportan las administraciones "que son más optimistas".
Cuando los encuestados son preguntados por cuánto tardan aproximadamente en pagarles sus clientes que son grandes empresas, el 74 % declara que estas superan el plazo legal: el 33 % señala que les pagan muy por encima de los plazos legales (más de 90 días) y el 41% coincide en que lo hacen algo por encima del plazo legal (tardando entre 60 y 90 días). Solo el 26 % de las grandes compañías les pagan dentro del plazo legal.
En lo que se refiere al pago a subcontratistas por parte de los contratistas principales, el estudio cifra la media de días en 88. PIMEM denuncia que la cadena de pagos en el sector público está “mal controlada” y esto dificulta que el dinero fluya hasta el último eslabón, hasta los subcontratistas (en su mayoría pymes y autónomos), permitiendo que algunas grandes compañías se financien a costa de sus proveedores.EFE
