El Govern balear ha puesto en marcha una nueva herramienta para combatir la economía sumergida que afecta a varios sectores clave de las islas. El Ejecutivo autonómico ha constituido la primera Mesa de Lucha contra el Intrusismo, un órgano de coordinación entre administraciones y sector privado con el objetivo de mejorar la detección y el control de actividades ilegales que generan competencia desleal en la economía balear.
La iniciativa pretende abordar de forma conjunta un fenómeno que impacta especialmente en ámbitos como el alojamiento turístico, el transporte de pasajeros, el comercio o determinadas actividades de ocio y servicios, sectores donde la oferta irregular ha crecido en los últimos años y donde las organizaciones empresariales reclaman mayor vigilancia.
El nuevo órgano reunirá a representantes del Govern, los consells insulares, ayuntamientos a través de la FELIB, la Delegación del Gobierno y distintos departamentos de la administración autonómica vinculados a turismo, movilidad, comercio, industria o trabajo. Además, se abre la puerta a la participación del tejido empresarial y social para aportar información directa sobre las prácticas irregulares detectadas en el mercado.
Desde el Ejecutivo autonómico se defiende que la coordinación institucional es clave para mejorar la eficacia de las inspecciones y el intercambio de datos entre administraciones, uno de los principales problemas señalados por los sectores afectados por el intrusismo.
El modelo se inspira en la experiencia desarrollada en Ibiza, donde en los últimos años se ha impulsado un sistema de cooperación entre instituciones que ha permitido intensificar las actuaciones contra la oferta ilegal.
Entre las funciones de la mesa estarán analizar el impacto económico del intrusismo, elaborar estudios técnicos, proponer mejoras normativas y diseñar medidas de prevención, control y sanción dentro de las competencias de cada administración. También se prevé la creación de mecanismos de información compartida para evaluar la eficacia de las actuaciones.
El Govern considera que la proliferación de actividades sin autorización o sin los requisitos profesionales exigidos no solo genera competencia desleal para empresas y autónomos que cumplen la normativa, sino que también supone riesgos para los consumidores al operar al margen de los controles administrativos.
Con la constitución de este órgano, las administraciones implicadas han comenzado a identificar los primeros focos de intrusismo detectados en distintos sectores económicos y a definir una hoja de ruta de trabajo para reforzar las actuaciones conjuntas durante los próximos meses.
