El Govern de les Illes Balears amplía el alcance del programa «Lloguer segur» y flexibiliza las condiciones para acogerse a esta iniciativa, que tiene por objetivo lograr la salida al mercado de viviendas vacías o sin uso residencial y facilitar que se destinen a precios accesibles a ciudadanos residentes en las islas desde hace al menos cinco años, uno de los requisitos del programa y del resto de medidas del plan de choque del Govern en materia de vivienda. Hasta el momento se han conseguido 82 viviendas y con estas modificaciones se incrementa el potencial del programa.
Entre las novedades, que han sido aprobadas mediante acuerdo del Consell de Govern, el programa «Lloguer segur» abre la posibilidad de incorporar viviendas que se encuentren pendientes de reforma, y también se facilitará la incorporación al programa de viviendas procedentes del alquiler turístico, así como de casos de ocupación ilegal y de desahucios por impago. En estos tres supuestos, para poder adherirse al programa, se establece una excepción al requisito general de que las viviendas hayan estado vacías durante al menos seis meses.
Así, todas las viviendas con licencia vigente de estancia turística en vivienda (ETV) podrán acogerse al programa «Lloguer segur», a pesar de que no cumplan el requisito inicial de que la vivienda acredite que lleva seis meses vacía, con el fin de que estas viviendas puedan incorporarse al mercado residencial de alquiler a precios accesibles, por debajo de los precios del mercado, y destinadas a residentes en las islas.
Asimismo, los propietarios de viviendas que acrediten que han sido objeto de situaciones de ocupación ilegal del inmueble o de desahucio por impago del alquiler de la vivienda, tampoco tendrán que cumplir el requisito de llevar seis meses vacías para poder entrar en el programa «Lloguer segur», también con el objeto de facilitar el retorno al mercado de alquiler en condiciones de seguridad jurídica y confianza a los propietarios, así como a los inquilinos, una de las claves del programa.
En cuanto a las reformas, podrán incorporarse al programa las viviendas vacías que requieran actuaciones de reforma o rehabilitación. Las obras podrán financiarse con el pago por adelantado, del IBAVI al propietario, de hasta 50.000 euros, de las rentas futuras indicadas en el contrato de alquiler. El importe de las obras adelantado por el IBAVI se restará del pago de la renta al propietario, y no podrá superar la suma de las rentas totales que obtendrá el propietario.
En el contrato se tendrá que especificar el tipo de obra a realizar, el coste y el plazo de ejecución. La duración del contrato podrá ampliarse para ajustarlo a las características y plazo de las obras. Por otro lado, también se introduce otra opción para incorporar viviendas vacías provenientes de actuaciones de reforma, en este caso mediante líneas de ayudas específicas para financiar obras de reforma de las viviendas. En este caso, la concesión de la ayuda estará condicionada a la vinculación de la vivienda al programa.
A este programa podrán acogerse propietarios de viviendas, tanto personas físicas como jurídicas, y también se posibilita la adhesión de propietarios de múltiples viviendas, para conseguir aumentar la oferta de vivienda asequible para residentes. El «Lloguer segur» se adapta al criterio aplicado en programas similares de otras comunidades y a una de las líneas del nuevo Plan Estatal de Vivienda. Así, se prevé que las futuras líneas de ayudas del Plan Estatal que fomentan la salida al mercado de viviendas vacías se integren en el programa «Lloguer segur» y, dado que el Plan Estatal permite la incorporación de viviendas de todo tipo de propietarios, se ha considerado ampliar el programa en este sentido.
En el programa «Lloguer segur», con carácter general, el Govern abona un precio de alquiler al propietario por la adhesión de su vivienda al programa, según el valor de la tasación y dentro de los precios máximos fijados en este programa, y ofrece las viviendas a ciudadanos residentes en las islas a un precio reducido en un 30 % inferior al precio de la tasación, una reducción que asume la Administración pública para beneficiar a los inquilinos y ofrecer las viviendas por debajo de los precios de mercado.
En este programa, el Instituto Balear de la Vivienda (IBAVI) cuenta con dos colegios profesionales colaboradores: el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de las Illes Balears (COAPI) y el Colegio de Administradores de Fincas de las Illes Balears (CAFBAL), tanto para el desarrollo y la gestión del programa como para la administración, gestión y seguimiento de los contratos, entre otros.
Una de las ventajas es la garantía total de cobro del alquiler y la devolución en buen estado del inmueble. Entre los requisitos generales, se mantiene que solo podrán acogerse viviendas que estén vacías desde hace seis meses o más —con las citadas excepciones— o que no figure ninguna persona empadronada en la vivienda desde hace un año, y que las viviendas tengan una antigüedad de construcción de tres años o más, entre otros.
Hasta ahora, a través de este programa, se han conseguido 82 viviendas, con contratos ya firmados. De media, los inquilinos abonan un alquiler de 965 euros al mes —por debajo de los precios máximos establecidos—, las viviendas tienen una superficie media de casi 100 metros cuadrados y la gran mayoría cuentan con dos o tres habitaciones. Los ingresos que obtienen los propietarios se sitúan en una renta mensual de 1.378 euros, sobre la que se aplica la reducción del 30 % financiada por el Govern para ofrecer las viviendas por debajo de los precios de mercado a los beneficiarios.
Principalmente, se han captado viviendas en Mallorca (74) y se han conseguido 4 en Menorca y 4 en Ibiza. Se han cerrado operaciones en 22 municipios. Más de la mitad se encuentran en Palma (47) y el resto se distribuyen en Alcúdia y Llucmajor (4 viviendas en cada municipio), Eivissa, Ciutadella i Inca (3 por municipio), Santa Margalida y Maria de la Salut (2 por municipio), y, con una vivienda por municipio, en Alaró, Algaida, Andratx, Calvià, Campos, Ferreries, Lloseta, Marratxí, Pollença, Santa Maria del Camí, Sant Josep de sa Talaia, Sant Llorenç des Cardassar, Sóller y Vilafranca.
Teniendo en cuenta la realidad de cada isla, los precios máximos fijados por el Govern del alquiler que percibirán los propietarios son de 1.500 euros en Mallorca y Menorca, y de 2.100 en Ibiza y Formentera, de modo que los precios a pagar como máximo por los inquilinos se sitúan en 1.050 euros en Mallorca y Menorca, y en 1.470 en Ibiza y Formentera. El contrato de alquiler con la Administración es de siete años y se ofrecen varias modalidades de cobro a los propietarios: pago cada mes, pago anticipado del año en curso o de los siete años del contrato por parte de la Administración.
Entre otras condiciones, cabe recordar que las viviendas tienen que estar situadas en las Illes Balears, no pueden estar sometidas a limitaciones que impidan su alquiler, deben tener contratados los suministros de agua y electricidad, contar con certificado de eficiencia energética en vigor y la instalación eléctrica tiene que cumplir los requisitos conforme a la normativa vigente.
Entre los requisitos para los beneficiarios, se establece que tienen que ser ciudadanos residentes con cinco años o más de residencia en las Illes Balears y que las viviendas tienen que ser la vivienda habitual y permanente del nuevo inquilino durante la vigencia del contrato; por lo tanto, no podrán destinarse a otro uso, como por ejemplo el alquiler turístico. No podrán subarrendar las viviendas y también se establece contractualmente la obligación, al finalizar el alquiler, de devolver al propietario la vivienda en las mismas condiciones en las que se recibió el inmueble.
