El vicepresident del Govern y conseller de Transición Energética, Memoria Democrática y Sectores Productivos, Juan Pedro Yllanes, ha anunciado este miércoles la revocación definitiva de la última licencia pendiente de apertura para una sala de juegos en Illes Balears: la del local de la calle Cabana (Marratxí), que se suma a la ya revocada licencia del local de Miquel Bisellach (Inca), cuyo plazo de apertura venció el pasado mes de febrero.
El vicepresident ha anunciado, además, una propuesta de modificación de la Ley del Juego que incluye, entre otras cosas, la moratoria automática de nuevas licencias hasta que el número actual de salas de juego y apuestas no se reduzca a la mitad, y que acaba de superar el periodo de alegaciones.
Con estas medidas, el Govern se asegura de que no se concederán más licencias de juego en las Islas en las próximas décadas. Las Illes Balears se convierten así en la primera comunidad autónoma de todo el Estado en impedir, de facto, la apertura de nuevas salas de juego y de nuevas casas de apuestas.
En este sentido, el vicepresidente ha insistido en la apuesta del Govern «por las políticas de prevención de las adicciones, de protección de nuestros menores y colectivos más vulnerables, de paz social y convivencia vecinal», además de «evitar que la Comunidad se convirtiera en un Las Vegas low cost», y ha recordado algunas de las iniciativas normativas impulsadas desde la Vicepresidencia a través de la Dirección General de Comercio.
Así, cabe destacar la primera moratoria para nuevas licencias entre 2020 y 2022, que permitió parar una dinámica de aperturas sin límite. O la suspensión de licencias en las postrimerías de la moratoria, con el objetivo de consolidar la replanificación sectorial, retrasada por el impacto económico y social de los efectos de la pandemia. Es el caso del local de Inca y también del de Marratxí, que había generado una fuerte contestación social y vecinal y cuya revocación definitiva ha sido posible gracias a la implicación personal del vicepresident Yllanes y del alcalde de Marratxí, Miquel Cabot.
A esto se suma ahora la propuesta de modificación de la Ley de Juego 8/2014, anunciada también hoy por el vicepresident Yllanes que fijará un máximo de 75 salas de juego por cada millón de habitantes —ahora partimos de 140 salas—, tres casinos y cuatro bingos, y que incluye, entre otras medidas, la moratoria automática de nuevas licencias hasta que se alcance esta cifra y, por tanto, el número de salas no se reduzca hasta la mitad.
Esto significa que tampoco se volverán a arbitrar procesos de otorgamiento de nuevas licencias e implica, de facto, que el Govern no concederá más licencias de juego en las Islas, al menos en las próximas décadas, convirtiendo así a las Illes Balears en la primera comunidad autónoma de todo el Estado en adoptar una medida de estas características.
«En esta legislatura hemos conseguido el punto de inflexión que todas y todos esperábamos en materia de densidad de salas de juego por habitante en nuestras Islas», ha dicho Yllanes. «No podíamos continuar doblando la media española de salas por habitante».
