El sector del socorrismo en Baleares ha decidido dar un paso al frente para combatir el intrusismo profesional y la competencia desleal que, según denuncian empresas y trabajadores, lleva años distorsionando el mercado y poniendo en riesgo la seguridad en instalaciones acuáticas. Patronales y sindicatos han acordado la creación de una comisión específica para perseguir a las denominadas “empresas pirata” y garantizar el cumplimiento del marco laboral y profesional vigente.
La iniciativa surge tras la firma, el pasado mes de diciembre, del II Convenio Colectivo Sectorial de Vigilancia Acuática y Socorrismo, suscrito por la Asociación de Empresas de Salvamento y Socorrismo (SALVIB), la Associació Empresarial Balear de Socorrisme (AEBS) y los sindicatos CCOO, UGT y CGT. El acuerdo estará en vigor entre el 1 de enero de 2026 y el 31 de diciembre de 2029 y contempla subidas salariales en todas las categorías profesionales, así como una regulación diferenciada para el socorrismo en playas y en piscinas.
Según explican las partes firmantes, el convenio marca un punto de inflexión para el sector al establecer un marco común que debe cumplirse de forma efectiva si se quiere garantizar un servicio profesional, sostenible y seguro. En ese contexto, alertan de que durante años han proliferado operadores capaces de presentar ofertas “fuera de mercado” gracias a prácticas irregulares, como el uso de personal sin la titulación exigida, empleo no regularizado o fórmulas de fraude laboral.
Desde el sector señalan que estas dinámicas han generado una competencia desleal que afecta tanto a las empresas que cumplen la normativa como a la calidad del servicio. “Cuando aparecen precios anormalmente bajos, no es por eficiencia, sino por recortes incompatibles con el convenio”, advierten. En algunos casos, aseguran, se han detectado ofertas entre uno y tres euros por hora por debajo del precio de mercado, algo que consideran inviable con el actual marco salarial y de cotización.
El foco del problema se sitúa especialmente en las piscinas, y en particular en las piscinas hoteleras. Según denuncian, en determinados casos se ha priorizado el precio más bajo “mirando hacia otro lado” respecto al cumplimiento laboral y legal, lo que puede derivar en riesgos legales, reputacionales y, sobre todo, de seguridad para los usuarios.
La nueva comisión de seguimiento y control estará integrada por las entidades firmantes del convenio y tendrá como objetivo identificar, documentar y denunciar prácticas irregulares. Entre los mecanismos anunciados figura la habilitación de un correo de denuncia anónimo, pensado especialmente para trabajadores, aunque abierto a cualquier persona con conocimiento directo de irregularidades. Las alertas serán analizadas, contrastadas y, si existen indicios sólidos, trasladadas a los organismos competentes.
Las organizaciones implicadas anuncian una política de “tolerancia cero” frente a fórmulas de fraude laboral como pagos en negro o el abono de horas extraordinarias fuera de nómina, prácticas que —según subrayan— distorsionan el mercado y dificultan la trazabilidad laboral. También recuerdan que la Inspección de Trabajo y otros organismos, como Extranjería, ya han intervenido en el pasado en actuaciones relacionadas con empresas que operan de forma irregular en el sector.
El aviso va más allá del ámbito laboral. Desde el sector advierten de que una emergencia grave en una piscina puede derivar en responsabilidades legales y un importante daño reputacional para los establecimientos turísticos y para el destino en su conjunto. En este sentido, recuerdan que varios de los casos más graves de ahogamientos de menores registrados en Baleares en los últimos años se han producido en piscinas.
En las próximas semanas se concretarán los procedimientos de trabajo de la comisión, con especial atención a la detección de ofertas anormalmente bajas y al seguimiento del cumplimiento del convenio durante toda la vigencia de los contratos. El objetivo final, concluyen, es cerrar el paso a operadores que compiten fuera de las reglas y reforzar un servicio que consideran esencial para la seguridad y la calidad turística de las islas.
