La asociación de Proguies Turístics de Balears asegura que la nueva Ordenanza Cívica del Ayuntamiento de Palma “golpea” duramente de manera directa al sector e indirectamente a otros sectores económicos y empresariales relacionados con las visitas a la capital. El hecho que la nueva normativa obligue a gestionar grupos que no superen los diecinueve miembros va a repercutir en el sector de las agencias de viajes, el transporte, los comercios e incluso en los taxistas. Para su presidente, Gabriel Rosales “las repercusiones de dicha ordenanza ya han supuesto un pronunciamiento de AVIBA sin precedentes; con grupos de diecinueve miembros no vamos a vender excursiones al ser inviables económicamente”. Rosales apunta también al impacto económico que puede suponer la cancelación de visitas en lugares tan emblemáticos como la Catedral o el mismo Castell de Bellver donde se pueden ver reducidos los ingresos, que, en el caso del castillo, afectaría directamente a Cort ya que es quien lo gestiona.
Otro aspecto que señalan los Proguías tiene un carácter más jurídico y que cuestiona dicha ordenanza ya que choca a día de hoy con una normativa autonómica, por tanto, de rango superior y que está vigente desde 2015. Dicha normativa específica que los grupos podrán ser de hasta setenta personas lejos de los diecinueve que pretende Cort. Rosales matiza que “actualmente la media de grupos se mueve entre los treinta y los cincuenta, pero llama la atención que el ayuntamiento no haya tenido en cuenta la normativa autonómica antes de dar este paso”.
Un tercer aspecto que critica duramente la asociación de PIMEM es la obligación que tienen los guías turísticos de tener a la vista datos personales sensibles como el nombre y apellidos, el DNI e incluso los datos de la dirección donde viven. Para Rosales “se vulneran unos derechos de privacidad y se entra en conflicto con la ley de protección de datos. ¿Cómo puede ser que un policía se identifique con un número y nosotros tengamos que exponer toda esta información? Se nos trata como a criminales” Proguías asegura que se muestra favorable al trabajo de la policía a la hora de identificarse y ante cualquier inspección, pero de ahí a tener que exponer datos personales en público y sin ningún motivo hay mucha diferencia.
Finalmente, la asociación se ha preguntado sobre cómo la policía controlará el número exacto de turistas que forman parte de un grupo. Rosales pone un el ejemplo; “¿Qué hacemos con los turistas que se unen al grupo, sin ser del grupo, en el momento en que estamos dando explicaciones, por ejemplo, en la plaza de Cort? ¿Les ponemos un chip como a los perros para saber quién es quién? ¿Repartimos porras para disuadir a los que no son del grupo?”
