Llevo años escribiendo sobre economía, empresa y mercado laboral, y pocas veces he percibido un consenso tan amplio —y tan silenciado— como el que existe hoy entre empresarios, directivos y autónomos respecto al absentismo laboral. No hablamos de casos puntuales ni de percepciones subjetivas. Hablamos de una realidad que se ha convertido en estructural y que muchos prefieren no abordar por miedo a ser señalados. El absentismo es, hoy, una de las grandes epidemias del sistema económico español.
España ha normalizado cifras de absentismo que serían inasumibles en otros países de nuestro entorno. Millones de jornadas laborales se pierden cada año, con tasas que superan el seis por ciento de las horas pactadas y con un crecimiento especialmente acusado desde la pandemia. El coste económico es brutal, no solo en términos de salarios pagados sin contraprestación productiva, sino en retrasos, sobrecargas de trabajo, pérdida de clientes, deterioro del clima laboral y decisiones empresariales defensivas que acaban afectando al empleo y a la inversión.
En Baleares este problema se agrava todavía más. Nuestra economía, intensiva en servicios, estacional y con márgenes ajustados, es especialmente vulnerable a las ausencias prolongadas y muchas veces injustificadas. Cuando un trabajador falta durante semanas o meses, no solo deja un puesto vacío, sino que obliga al resto del equipo a asumir su carga, genera tensiones internas y penaliza a quienes sí cumplen. El absentismo no castiga únicamente al empresario; castiga sobre todo al compañero que se queda y al cliente que recibe un peor servicio.
Conviene decirlo claro, aunque incomode. Defender los derechos del trabajador es irrenunciable. Nadie cuestiona el derecho a una baja médica cuando existe una causa real, ni la necesidad de proteger la salud física y mental. Pero lo que sí debería cuestionarse es un sistema lleno de grietas que permite que algunos conviertan la baja en un modo de vida. Porque los hay. Profesionales del absentismo que conocen perfectamente hasta dónde pueden estirar el sistema sin consecuencias, mientras otros sostienen la empresa y el empleo.
Aquí es donde el debate se ha desvirtuado por completo. Se pone el foco casi exclusivamente en el empresario, como si fuese el único sospechoso permanente, y se evita señalar a una minoría de trabajadores que no cumple con su responsabilidad. Y esa minoría, cuando el sistema no la corrige, acaba contaminando al conjunto. El mensaje implícito es demoledor: faltar sale gratis. Y cuando eso ocurre, el esfuerzo deja de ser un valor y el compromiso se convierte en una opción.
Todo esto enlaza con un problema aún más profundo que arrastramos desde hace décadas: la baja productividad. España y Baleares crecen en empleo, sí, pero no en eficiencia. Trabajamos muchas horas para generar poco valor. El absentismo es una de las causas de este lastre, porque rompe equipos, desorganiza procesos y desincentiva la inversión en talento. Ninguna empresa puede mejorar su productividad si una parte relevante de su plantilla no está donde debería estar.
Si de verdad queremos una economía más sólida, más justa y más competitiva, hay que atreverse a corregir el sistema. Mejor control médico, mayor seguimiento de las bajas prolongadas, incentivos bien diseñados y, sobre todo, una recuperación de la cultura de la responsabilidad individual. Proteger al trabajador no puede significar desproteger a la empresa, porque sin empresas no hay empleo ni derechos que sostener.
El absentismo injustificado no es un problema ideológico, es un problema económico y social. Y mientras sigamos mirando hacia otro lado, los que pagan la factura seguirán siendo siempre los mismos: los empresarios que resisten, los trabajadores que cumplen y una economía que avanza con el freno de mano puesto.
