Para justificar la subida, algunos discursos recurren al estereotipo de que los autónomos tienen ingresos holgados, pero la realidad es muy diferente.
Se estima que casi el 60% de los autónomos declara ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional. Muchos operan con márgenes muy estrechos, deducen gastos, pagan IVA, servicios, suministros, amortizaciones, seguros, desplazamientos, generan empleo, y al final lo que les queda muchas veces ni siquiera alcanza para cubrir un sueldo como asalariado.
En 2025, la cuota mínima de autónomos, es impagable para muchos , es una carga importante cuando los ingresos netos son escasos. Las pensiones que perciben los autónomos son significativamente menores en promedio que las del régimen general. Mientras la pensión media del régimen general se sitúa en torno a 1.659 € mensuales, la del RETA apenas alcanza los 1.004 €.
Con esos datos, decir que los autónomos son ricos no es solo una descalificación injusta, es una falacia simplista que ignora dos realidades clave, el coste real de emprender. Es un tema político: ¿qué votan los autónomos? Pues se les castiga. Desde el poder se puede ver con frialdad, los autónomos forman parte de un electorado que no es homogéneo, pero lo bastante grande como para captar atención política. Cargar contra quien no me vota mi nula gestión.
En muchos discursos del Gobierno se deja entrever que quienes más sufrirán la subida son los que “se lo pueden permitir”, apuntando a autónomos con rendimientos elevados, como si fueran pocos. Pero la propuesta incluye incrementos incluso en los tramos bajos. Y si no lo aprueban otros partidos, siempre se puede culpar al bloque de la derecha o a “los que no quieren reformar el sistema”.
En resumen, es una jugada política. Hay que replantearse el gasto político del conjunto del Estado, las duplicidades y el uso ineficiente de los recursos públicos antes de seguir cargando sobre los mismos de siempre. Imponer la cuenta de las pensiones a los autónomos no solo es injusto, es un acto de cálculo político. Los discursos de “solidaridad”, “sacrificio compartido” y “reforma estructural” se derrumban cuando ponen la mayor carga sobre los más débiles.
