Las Islas Baleares llevan años atrapadas entre dos realidades: por un lado, son uno de los destinos más demandados del mundo; por otro, el suelo es limitado.
En una isla, ese límite se hace más evidente que en ningún otro lugar. No hay más tierras, los recursos naturales son los que son y las infraestructuras tienen una capacidad máxima.
Pero la demanda no para: más turistas, más nuevos residentes, más presión sobre el suelo, los servicios y las carreteras. El resultado ya lo vivimos a diario: atascos crónicos, servicios públicos colapsados, y una vivienda tan cara que muchos trabajadores, jóvenes y familias no pueden permitirse vivir en las mismas islas donde trabajan. Y es que cuando se habla de sostenibilidad, solemos pensar en playas limpias o espacios naturales protegidos. Pero la sostenibilidad también tiene una cara social y económica.
Un territorio donde los enfermeros, los maestros o los camareros no pueden pagar un alquiler es un territorio en desequilibrio. Un territorio donde las infraestructuras funcionan permanentemente al límite es un territorio tensionado. La calidad de vida de los residentes es también un indicador de salud territorial.
Aquí es donde entra la planificación urbana y la ordenación del territorio. No como trámites burocráticos, sino como herramientas reales para decidir qué tipo de islas queremos. Porque las decisiones sobre dónde se construye, cuánto se construye y para quién se construye no son decisiones técnicas neutras. Son decisiones políticas y sociales con consecuencias que duran décadas.
Una buena planificación debería garantizar que el crecimiento vaya acompañado de infraestructuras, de vivienda accesible y de servicios públicos capaces de absorberlo. Sin eso, crecer no es prosperar, es saturarse.
En este contexto, el debate que tiene Baleares por delante no es fácil: ¿cuánto puede crecer el archipiélago sin perder lo que lo hace especial y singular, tanto para vivir como para visitar?
Y quizás la pregunta más importante no sea cuánto se puede crecer, sino qué modelo de islas queremos dejar a las próximas generaciones.
Esa respuesta no la puede dar el mercado solo. Requiere planificación, valentía política y una conversación honesta sobre los límites reales del territorio.
