La presidenta de la asociación, Francisca Picornell, acompañada de la vicepresidenta, Antonia Martínez; y del gerente de PIMEM, Marcos Cañabate, expusieron ante los representantes del ayuntamiento de Palmasu preocupación por la escasa dotación económica que recibe el Bono Escolar en las partidas presupuestarias anuales de educación.
Desde hace 20 años, fecha en la cual nació esta beca, no ha habido ningún tipo de modificación económica. Alrededor de 20 centros adscritos a esta beca tienen en sus aulas a alumnos que reciben una media de 60 euros mensuales para poder pagar este tipo de educación en centros educativos privados. El Bono escolar concede dotaciones económicas que van desde los 30 hasta los 120 euros por mes. Una cifra que según las representantes de la asociación “es insuficiente y debe aumentarse”.
La partida económica que se destina al Bono Escolar es de 270.000 euros anuales frente a los 7 millones de euros que cuesta el mantenimiento de los 11 centros educativos municipales. “Hemos solicitado ante el ayuntamiento que esta cifra aumente considerablemente para que se ofrezcan cantidades de acorde a los tiempos en los que vivimos y para que sea más equitativo beneficiando así a más familias”, ha asegurado Antonia Martínez.
Esta propuesta será presentada, además, ante los diferentes partidos políticos que se presentarán en las próximas elecciones autonómicas. “Nuestra intención es que la mayor cantidad de niños y niñas reciban una educación de calidad y para eso necesitamos la implicación de todas las fuerzas políticas”.
La Asociación de Centros Infantiles asociados a PIMEM, también ha manifestado ante Cort sus dudas ante la actual normativa de licencias de apertura y mantenimiento de espacios infantiles. “No entendemos que se puedan exigir las mismas condiciones a un centro que acoge a niños menores de 3 años, que, a un comercio normal, como puede ser una mercería o librería” explica Picornell. Por ello, desde la asociación quieren manifestar la necesidad de establecer una regulación específica, y es que al no existir una normativa específica se aplica la ley general.
