Con motivo del Día de la Seguridad Privada, que se celebra el próximo 21 de mayo en Mallorca, hablamos con Inés Ybarra, presidenta de la Asociación del Sector de la Seguridad Privada de Baleares. En esta entrevista, Ybarra repasa los retos que afronta el sector en las islas, como la escasez de personal cualificado, la precariedad derivada del alto coste de la vivienda o la creciente competencia entre empresas. Además, denuncia la intención del Govern balear de crear un cuerpo propio de vigilancia para edificios públicos, una medida que —advierte— “debilita al sector y pone en riesgo la profesionalización por la que tanto se ha luchado”.
-¿En qué consiste el Día de la Seguridad Privada y qué significa para la asociación?
Este día lo dedicamos a reconocer públicamente a personas que se han destacado en su labor profesional. No solo han cumplido con su servicio diario, sino que han sobresalido: hay casos de vigilantes que han prestado primeros auxilios y han salvado vidas, otros que han proporcionado información clave para detener, por ejemplo, bandas de robo de relojes de lujo en Ibiza.
También homenajeamos a quienes tienen una larga trayectoria de colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Es un día para reunirnos como sector y dar visibilidad al valor humano que hay detrás del uniforme.
-¿Cómo se encuentra el sector en Baleares actualmente?
-Está complicado. Hay mucha demanda de vigilantes, pero la burocracia para tramitar sus acreditaciones retrasa las contrataciones. Además, no es una profesión especialmente atractiva, pese a que ofrece estabilidad laboral.
El problema es que no se paga bien, salvo en servicios concretos. Por ejemplo, si trabajas en el SOIB, sentado, de lunes a viernes de 8 a 15 h, no puedes esperar ganar 2.000 euros. El sueldo lo marca el convenio, aunque en Baleares, por la alta demanda, se paga algo por encima desde hace un par de años.
-¿Se están dando incentivos para atraer personal?
-Sí, totalmente. Hay una especie de guerra entre empresas para captar vigilantes, como ocurre en la hostelería. Algunas ofrecen incentivos económicos de bienvenida, o aumentos salariales si permaneces un tiempo mínimo. La falta de mano de obra cualificada es evidente.
-¿A qué se debe ese aumento de demanda en seguridad privada?
-Se han ampliado los ámbitos donde se necesita seguridad privada. Ahora estamos presentes en cárceles, edificios públicos, ferias, eventos deportivos y musicales… Espacios donde antes no se requería. Además, la inseguridad y fenómenos como la ocupación han incrementado la necesidad de vigilancia. Incluso en urbanizaciones privadas hay demanda de vigilantes.
-¿La tecnología está ayudando a suplir la falta de personal?
-Ayuda, claro, pero siempre se necesita una persona detrás del sistema. Puedes usar drones o cámaras, pero alguien tiene que estar supervisando, gestionando alarmas o respondiendo a incidentes. El ojo humano sigue siendo indispensable.
-¿La situación de Baleares es comparable con la de la península?
-No, aquí es peor. En Baleares sufrimos una presión extra por el problema de la vivienda. Antes, muchos venían de la península a trabajar una temporada, pero ahora, si el alquiler te cuesta 1.500 euros y cobras 2.000, no te sale rentable.
En Ibiza, por ejemplo, algunas empresas ya ofrecen vivienda compartida como parte del contrato. Aun así, a veces viven 8 o 10 personas en una casa. Esto es insostenible.
-¿Ha mejorado la percepción social del vigilante de seguridad?
-Se ha trabajado mucho para profesionalizar el sector. Ahora se prioriza la formación, no solo en normativa o técnicas, sino en habilidades sociales. Queremos erradicar esa imagen despectiva del “segurata”. También estamos formando a mandos intermedios para que sepan liderar equipos. Quizá la sociedad aún no lo perciba del todo, pero se están dando pasos.
"La futura reducción de jornada a 37,5 horas será un golpe para el sector"
-¿Qué le pediría a la administración?
-Primero, que se respeten los convenios colectivos en las licitaciones públicas. No se puede licitar por debajo del coste real. Eso empobrece el sector y genera precariedad.
Segundo, que se flexibilice el régimen horario. Ahora mismo, si un vigilante quiere hacer más horas en diferentes empresas, la Seguridad Social lo penaliza. La futura reducción de jornada a 37,5 horas será un golpe para el sector.
Y por último, que se respete la Ley de Seguridad Privada. En Baleares no tenemos competencias transferidas en esta materia; dependemos del Ministerio del Interior. No puede ser que el Govern quiera crear su propio cuerpo de vigilancia para edificios públicos, sin supervisión policial ni formación homologada. Eso va contra la ley.
