El cese de la actividad motivado por el mantenimiento del estado de alarma ha ejercido durante la semana del 30 de marzo al 5 de abril un impacto directo negativo de 214,33 millones de euros sobre el producto interior bruto de Balears.
Esta cifra supera sustancialmente la que se registró durante las dos semanas anteriores y que se fijó entonces en 120 de forma que ya se superan los 340 millones. Este incremento recoge el endurecimiento de las condiciones de confinamiento sobre la denominada actividad no esencial, que en las islas ha afectado, especialmente, al tejido vinculado al turismo y la construcción.
Así las cosas, se estima para esta semana una pérdida equivalente al 0,7% sobre el balance anual del producto interior bruto regional que, añadida a la acumulada durante las dos semanas anteriores, rebasa el 1%.
Es de esperar que este impacto se reproduzca, nuevamente, durante esta próxima semana, dado que se mantienen las mismas condiciones, si bien el efecto será netamente superior teniendo en cuenta que la inoperatividad aplica a un periodo habitualmente dinámico en el archipiélago como es el de la Semana Santa.
Frente a esta situación, IMPULSA BALEARS señala, tal como destaca su director técnico, Antoni Riera, que “este periodo de confinamiento permite ganar un tiempo que debe ser aprovechado para mirar hacia adelante, trazar escenarios y formular los planes de contingencia necesarios para salir cuanto antes de esta situación y hacerlo, además, reforzados”.
Y es que, prosigue, “la factura que supone una medida tan contundente como es el decreto del estado de alarma solo es asumible si, mientras tanto, se trabaja en la mejor estrategia para controlar la epidemia y favorecer la adaptación de los actores a la nueva normalidad que viene”. Se trata de asumir que “la resolución de la pandemia del COVID-19 esconde numerosas oportunidades que únicamente se pueden capitalizar desde la proactividad, dejando de lado cualquier atisbo de complacencia”.
De acuerdo a estas premisas, la Fundación tiene previsto poner en marcha esta semana los mecanismos de trabajo de su Unidad de estrategia, integrada por varias empresas del Patronato, con la finalidad de planificar distintas actuaciones basadas en la cooperación público-privada y orientadas, todas ellas, a normalizar la actividad económica. Concretamente, se prevé actuar en tres frentes:
Salud pública, desde el control de la epidemia. Ello obliga a desplegar la capacidad de realizar test masivos, procesar un elevado volumen de muestras y establecer una gobernanza integral de salud pública para evitar que se originen nuevos brotes de la enfermedad.
Viabilidad empresarial, desde la reformulación de los actuales modelos de negocio. Ello obliga a establecer las condiciones de reapertura de la actividad empezando por aquellas más orientadas a la demanda interna y extendiéndolas al resto de sectores.
Efectividad del gasto público, desde la coordinación entre objetivos e instrumentos de política. Ello obliga a reasignar las partidas presupuestarias y plantear una política fiscal más allá del corto plazo que contemple los costes a futuro de las obligaciones contraídas.
Además, la Fundación, tal y como estableció al inicio de la pandemia, sigue desde la Unidad de inteligencia económica reforzando las operaciones de vigilancia de los factores críticos que marcan la actual situación, en un contexto en el que las necesidades de información estratégica por parte de los actores regionales cambian y se amplían de forma considerable permanentemente.
