Esta medida, que modifica la Ley 6/1997 sobre suelo rústico, responde a la creciente necesidad de proteger el territorio frente a inundaciones, un desafío que se ha intensificado debido al cambio climático. Según el Govern, estas acciones buscan garantizar el derecho de los ciudadanos a un entorno seguro y saludable, un principio recogido en el artículo 23 del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears.
Restricciones clave
El decreto establece importantes restricciones para reducir los riesgos asociados a las inundaciones. En primer lugar, prohíbe la construcción de nuevas viviendas y equipamientos sensibles en zonas de flujo preferente, áreas inundables y otras áreas identificadas como de prevención de riesgos (SPR-APR), además de impedir la legalización de edificaciones fuera de ordenación que ya existan en estos lugares.
También limita las construcciones agrarias en zonas de flujo preferente, que deberán cumplir estrictamente con las normativas del dominio público hidráulico. Asimismo, se bloquea la creación de nuevos suelos urbanizables en áreas de riesgo, y se impide la reconversión de locales en viviendas cuando estos estén ubicados en zonas afectadas por inundaciones.
Transparencia y sanciones
Por primera vez en la normativa balear, los propietarios de terrenos o edificaciones situados en zonas de riesgo estarán obligados a informar a los compradores de esta circunstancia de manera clara y verificable. El decreto establece un régimen sancionador para aquellos que incumplan esta obligación, reforzando así la protección de los derechos de los adquirentes.
Un marco normativo más amplio
Además de las medidas específicas contra las inundaciones, el Consell de Govern también aprobó el Decreto ley 5/2024, que modifica varias normativas sobre espacios naturales, agricultura, educación, urbanismo y otros ámbitos. Estas modificaciones se enmarcan en la Ley 7/2024, que busca simplificar y racionalizar los procedimientos administrativos en las Illes Balears.
Con estas iniciativas, el Govern refuerza su compromiso con la sostenibilidad y la seguridad territorial, estableciendo precedentes en la lucha contra los efectos del cambio climático y sus consecuencias en el archipiélago.
