La Asociación de Constructores de Baleares manifiesta su profunda preocupación ante la escalada incontrolada del precio del petróleo y costes energéticos derivada del conflicto armado y la inestabilidad geopolítica en Irán. Esta situación está impactando de forma directa en los costes operativos de las empresas constructoras, cuya maquinaria pesada y logística dependen críticamente de este combustible.
Además, de forma inevitable, va a repercutir en una nueva escalada de precios de los materiales de construcción por un “efecto dominó”. El incremento del petróleo encarece toda la cadena de suministro. Por un lado, el coste del transporte logístico se dispara; por otro, las industrias extractivas y de fabricación de materiales (altamente dependientes de la energía) se ven obligadas a trasladar sus sobrecostes a productos finales como cemento, acero, aluminio y cerámicos, entre otros.
Recordar que el sector ya viene desde la pandemia arrastrando unas subidas desorbitadas de los costes. El incremento del índice MITMA de costes del sector de la construcción, en el bienio 2021-2022, fue superior al acumulado en los quince años anteriores.
A principios de este 2026, los costes de construcción siguen en Baleares entre un 30% y un 35% por encima de los niveles prepandemia (2020).
En una semana, el precio del gasóleo en Baleares se ha incrementado en 30 céntimos por litro, lo que representa un aumento del 25%. Trasladado a un ejemplo práctico en el sector, el coste de llenar el depósito de una máquina excavadora ha subido entre 75 y 100 euros más para un uso de solo un día y medio.
Ante este escenario de emergencia, la Asociación ha solicitado al Govern de les Illes Balears que traslade al Gobierno central la necesidad urgente de adoptar medidas que ya demostraron su eficacia en crisis anteriores. Entre ellas destaca la recuperación de las bonificaciones al gasóleo, mediante la reactivación inmediata de las ayudas directas al combustible que se aplicaron durante la guerra de Ucrania para compensar el incremento de los precios.
Asimismo, la entidad reclama la recuperación de la revisión de precios en los contratos públicos, incorporando el factor energético para poder ajustar los contratos a la realidad actual del mercado y evitar que las empresas asuman en solitario el impacto de las subidas de costes.
Otra de las peticiones se centra en la reducción de la carga fiscal asociada a los combustibles. La Asociación subraya que el elevado peso de los impuestos sobre el carburante se convierte en un lastre especialmente difícil de asumir en momentos de crisis geopolítica, por lo que considera necesario modular esta fiscalidad para evitar que la inflación termine bloqueando la actividad productiva y la inversión.
Además, la organización ha trasladado estas demandas al conjunto de administraciones públicas, incluyendo la autonómica y las administraciones locales —consells insulares y ayuntamientos—, a las que solicita que incorporen de forma automática, tal y como permite la legislación vigente, la revisión de precios en todas las licitaciones de obra pública con contratos de duración superior a un año.
La Asociación advierte que, de no tomarse medidas urgentes, podemos asistir a una paralización de obras, tanto públicas como privadas. Al igual que ocurrió en crisis anteriores, el incremento de los costes de producción no puede ser absorbido íntegramente por las empresas sin poner en riesgo su solvencia o la continuidad de las obras en curso, lo que genera
una inseguridad jurídica y económica tanto en obra pública como privada.
En el ámbito de la obra pública, la situación es crítica: si la Administración no actualiza los presupuestos de licitación a la realidad del mercado, aumentarán otra vez los concursos desiertos. Ninguna empresa puede asumir contratos donde el coste de los materiales y factor energético no se pueda revisar en un entorno como el actual de tanta volatilidad, lo que supondría un freno en seco a infraestructuras clave para las islas.
En obra privada, la extensión del conflicto en el tiempo puede provocar problemas para ejecutar promociones de vivienda en los plazos requeridos y con incrementos de costes no deseados en un escenario de emergencia habitacional como el actual.
