AGEPIB (Associació de Gestors Esportius Professionals de les Illes Balears) entidad asociada a PIMEM, pide a las diferentes administraciones más implicación en el control de los espacios dedicados a la actividad física y que están proliferando por diferentes municipios. Según la asociación ya es conocida la carencia de mecanismos de control por parte de Hacienda o la Seguridad Social y así lo dio a conocer un medio de comunicación balear. AGEPIB cree que ha llegado el momento de encarar esta situación cuya gravedad radica en que dichos negocios están al margen del ordenamiento correspondientes sean pequeñas superficies no homologadas, espacios abiertos, negocios paralelos o asiduidad de personal no titulado.
Por otra parte se quiere dejar constancia que desde AGEPIB se apoya cualquier iniciativa de negocio (gran superficies, medios y pequeños centros y autónomos), siempre que se ajuste a la legalidad, por lo tanto instamos a la administración a disponer los sistemas de control que correspondan, licencias de apertura, cumplimiento con hacienda y seguridad social, además, tal como se contempla a ley 2/2023, de 7 de febrero, de la actividad física y el deporte en Balear pedimos la creación del cuerpo de inspectores a nivel autonómico.
AGEPIB asegura que en el aspecto de titulaciones, se tienen que tener en cuenta las ramas profesionales que dispone el sistema de formación nacional, grados o licenciados en Actividad Físico-Deportivo certificados de profesionalidad (niveles 1, 2 y 3) y las que como traslación se puedan hacer extensivas (otros grados o licenciaturas en gestión de instalaciones), siempre según la Ley 39/2022, de 30 de diciembre, del Deporte, sobre la necesidad de acabar de desarrollar esta ley, mediante la ley de profesiones del deporte. La asociación recuerda que mencionada ley 2/2023, también recoge, el trabajar por una mayor agilización de la burocracia a la hora de otorgar las acreditaciones profesionales.
AGEPIB se pone a disposición de las administraciones correspondientes y entes interesados, ofreciendo colaboración para crear o adaptar unas ordenanzas consensuadas entre los municipios que permitan regular el uso de los espacios reglados instalaciones deportivas) y los espacios públicos al aire libre, para garantizar la seguridad en la hora de prestar servicios relacionados con la actividad física.
