Las empresas que quieran trabajar con el Govern tendrán que incorporar cláusulas sociales a la hora de optar a las contrataciones públicas.
Así lo han puesto de manifiesto los consellers de Trabajo, Comercio e Industria, Iago Negueruela, y la consellera de Hacienda y Administraciones Públicas, Catalina Cladera después de reunirse hoy con los representantes de los sindicatos CCOO y UGT.
A la petición sindical de incluir estas cláusulas en la contratación pública a la hora de licitar obras y servicios los consellers han asumido el compromiso de acelerar los trámites. En este sentido se creará una comisión de trabajo para incorporar las cláusulas sociales a la contratación pública.
Durante 2014 la central de Contratación ha recogido que las consellerias del Govern, el IBSalut y otros órganos celebraron 4.040 contratos, la mayoría de los cuales fueron menores. Basados en acuerdos, aquel año se produjeron 156 contratos. Sólo en los sectores de la limpieza de instalaciones y de seguridad y control de accesos, la CAIB contrató empresas con una plantilla global de más de 500 trabajadores.
En este sentido, el conseller Negueruela ha puesto en valor el compromiso logrado con los sindicatos puesto que "la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Rajoy en 2012 permite que los convenios colectivos de empresa establezcan condiciones laborales y salariales inferiores en las negociadas en el marco de los convenios sectoriales y territoriales".
En la misma línea, la consellera Cladera ha resaltado que "no sólo se tiene que lograr una administración eficaz, sino también una administración más social. Un hito, ha valorado, que no implica ni más costes ni menos eficiencia, sino más sensibilidad y respeto hacia las condiciones de los trabajadores".
"La aplicación de cláusulas sociales a la contratación pública tutelada por la CAIB supondrá, a la vez, una mayor integración de valores como la igualdad, la ética y la equidad en el ámbito de la Administración autonómica. Unos principios, ha añadido, en consonancia a la forma de hacer de este Govern y que se identifican con las necesidades y demandas sociales" ha dicho Cladera.
En el mes de diciembre el Gobierno ya anunció, a través de la consellera de Servicios Sociales, que reservaría el 3% de la contratación pública a Centros Especiales de Ocupación y empresas de Inserción.
