PIMEM se muestra a favor de la regulación de los inmigrantes aprobada por el Ejecutivo central. “Cuando la inmigración está regulada, los trabajadores cotizan y pagan impuestos, aumenta la Seguridad Social y los ingresos públicos. Además, ayuda a cubrir puestos de trabajo donde falta mano de obra, como hostelería, construcción o agricultura, por poner tres ejemplos”, según Jordi Mora, presidente de la federación.
Por otra parte, la patronal asegura que con esta medida se consigue reducir la economía sumergida, el trabajo en negro y la explotación laboral. “Dicho de otra manera, hay contratos legales, se reduce la precariedad y las empresas compiten en igualdad”, según Mora.
PIMEM añade que los inmigrantes suelen ocupar empleos que los trabajadores locales no quieren o no pueden desempeñar, lo que permite una mejor organización del mercado laboral.
No obstante, la patronal advierte de un aspecto preocupante: la toma de decisiones en una línea de aumento de población en un territorio con graves problemas de vivienda y saturación de determinados servicios. “Trabajadores de cualquier lugar que no vienen a Mallorca porque no encuentran un alquiler asequible durante la temporada, o incluso empleados que abandonan la isla porque es insostenible seguir viviendo con los precios actuales”.
Pese a la regulación del Gobierno central, PIMEM afirma que la economía balear mantiene una dinámica muy fuerte y que la mayoría de sectores necesitan mano de obra, por lo que no se cubre toda la demanda laboral existente.
Según Jordi Mora, “uno de los aspectos que más se deben tener en cuenta es que en Mallorca muchos inmigrantes trabajan en hostelería, turismo o empleos temporales, lo que consolida trabajos poco cualificados y puede frenar la diversificación y modernización económica. En otras palabras, no somos capaces de atraer perfiles de mano de obra cualificada, lo que perjudica a determinados sectores productivos que podrían ser motor de diversificación empresarial”.
