Por todos es conocida la situación de colapso que presentan las administraciones públicas de nuestras islas. En el caso de los ayuntamientos, esta situación se acentúa cuando nos referimos a la tramitación de licencias de obras.
En este sentido, por parte del Govern de les Illes Balears, se ha anunciado un plan de simplificación administrativa que contempla medidas como la externalización de trámites de licencias urbanísticas hacia entidades homologadas.
La delegación de la tramitación de licencias urbanísticas en entidades externas incluso contando con la colaboración de colegios profesionales, tiene como objetivo la descongestión de los ayuntamientos para dar salida a la ingente cantidad de expedientes que se acumulan sobre las mesas del personal municipal.
Lo cierto es que la situación actual es tan bochornosa como insostenible, pues un ciudadano puede llegar a pasar más de 3 o 4 años de su vida esperando para recibir una autorización que le permita construir o reformar su casa. Recordemos que la Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de urbanismo de las Illes Balears, establece que el plazo máximo que tienen las administraciones para la concesión de licencias es de 3 meses.
Por tanto, podemos considerar que el incumplimiento en materia de plazos para la concesión de licencias no solo resulta desesperante, sino que es una ilegalidad como la copa de un pino.
Sin embargo, la externalización, total o parcial, de una competencia tan importante como es la concesión de licencias abre muchos interrogantes en cuanto a la fórmula idónea para llevarlo a cabo: ¿Se externalizará solo la parte técnica? ¿Se externalizará la parte administrativa? ¿Se externalizará todo el procedimiento? ¿Qué papel pasa a tener el personal municipal? ¿Qué hay de sus funciones?
Además, por todos es conocido que algunos de los ayuntamientos de nuestras islas, por suerte o por desgracia, poseen algunas de las zonas más caras y exclusivas de toda España para edificar. Digo por desgracia porque lo que a priori puede parecer un motivo de orgullo, en ocasiones se convierte en un arma de doble filo, pues en caso de que se produzca cualquier error en la concesión de alguna licencia, la responsabilidad y daños ocasionados es exponencial al valor que pueda alcanzar la vivienda objeto de construcción.
No podemos perder de vista que ayuntamientos como, Pollensa, Andratx o Alcudia, conceden licencias para la construcción de viviendas cuyo valor de mercado supera con creces su presupuesto municipal para todo un año. Tampoco es ninguna novedad las millonarias indemnizaciones que han pagado y que todavía tienen que pagar algunas de estas corporaciones por errores en la concesión de licencias. Por tanto, ¿quién asumirá las responsabilidades derivadas de la concesión de estas autorizaciones? ¿Qué órgano resolverá la concesión?
Aun así, los retrasos para la autorización de construcciones y obras no son solo una excepción de nuestras islas, sino que esta lacra se extiende por todas y cada una de las diferentes administraciones locales que componen el territorio nacional.
Existen precedentes de otras comunidades que trabajan ya en la implementación de software avanzado con algo que es tan de actualidad como es la inteligencia artificial. Un claro ejemplo de ello son los ayuntamientos de Madrid o Valladolid. Se trata de ayuntamientos pioneros en ese campo y es evidente que marcarán un antes y un después en el futuro de la tramitación administrativa.
La prioridad debe ser acabar con la excesiva burocracia y trámites interminables que convierten las administraciones públicas de hoy en un lastre para la economía y una auténtica pesadilla para el ciudadano que las padece. Resultaría muy atrevido afirmar que estas medidas acabarán con el colapso, pero debemos reconocer que se está tratando de afrontar el problema, que no es poco
