La Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) ha admitido hoy que el impuesto de 2 euros diarios por estancia turística en Baleares tendrá una incidencia "mínima" en la demanda a corto plazo, pero sí dañará a "medio plazo" la oferta vacacional del archipiélago.
"En el medio plazo la competitividad del destino se verá lastrada en tanto en cuanto las herramientas fiscales de este tipo reducen los márgenes empresariales y, por tanto, disminuirá la inversión, rompiendo y pasando del círculo virtuoso de la inversión, que genera empleo y bienestar, al círculo pernicioso de la pérdida de competitividad, con los efectos que eso supondrá para el empleo y para la riqueza", ha señalado la patronal en un comunicado.
Su presidenta, Inmaculada Benito, ha explicado tras la presentación hoy del borrador de la ley para la implantación del impuesto turístico que su organización "trabajará en las mesas que el gobierno ponga a su disposición" para afinar la regulación de la tasa.
Benito ha indicado que la elaboración de la futura norma se ha hecho "con rapidez y sin consenso" y la ha definido como "una oportunidad perdida" que la FEHM tratará de "revertir" contribuyendo a definir el texto definitivo.
Para la patronal, el impuesto persigue "tres objetivos abstractos" de los que el primero es dotar con recursos económicos un fondo "inespecífico" para financiar "programas de gasto a determinar por una comisión".
"Sorprende que si hay unas prioridades de gasto se centre únicamente su financiación en un nuevo tributo", ha indicado la dirigente empresarial sobre la tasa, con la que el Govern espera recaudar de 50 a 100 millones de euros.
"Se indica en el borrador que se pretende modificar el modelo productivo, pero sin especificar qué demanda o qué oferta se persigue", critica Benito, cuya organización censura también el "vínculo difuso entre economía y medio ambiente" de un impuesto que no persigue gravar ninguna conducta dañina contra el medio ambiente y "nace con vocación de permanencia".
La presidenta de la FEHM cree que los turistas no percibirán la utilidad de la tasa que habrán de pagar, cuyo fin no es la preservación del medio ambiente sino recaudar fondos para el desarrollo de políticas públicas.
