La plusvalía municipal ha sido objeto de polémica en los últimos años. El Tribunal Constitucional anuló su método de cálculo en octubre de 2021. El Gobierno aprobó un decreto ley estableciendo dos sistemas de revalorización, y no ha sido hasta el pasado mes de marzo cuando el alto tribunal avaló la reforma.
Por el camino, numerosas reclamaciones en los juzgados y una caída de la recaudación. Así, las arcas municipales dejaron de ingresar un 39% el año pasado, cayendo de los 2.141 millones de euros de 2021 a los 1.306 de 2022, según datos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).
“La plusvalía es un tributo muy importante para los ayuntamientos, sobre todo, en lo que respecta a las herencias de viviendas”, comenta Elisabeth Durán, abogada del despacho Marín & Mateo Abogados. El plazo para liquidarlo es de seis meses, ampliables a otros seis. La obligación de liquidar este impuesto recae sobre el heredero, que de no hacerlo “se expone a multas, sanciones e, incluso, al embargo por parte del ayuntamiento de los bienes adquiridos con la herencia”, asegura la abogada.
