PIMEM valora de forma muy positiva las sentencias núm. 661/2026 y 625/2026, dictadas por la Sala Tercera del Tribunal Supremo los pasados 28 y 19 de mayo. El Alto Tribunal ha desestimado íntegramente los recursos interpuestos por CEOE-CEPYME contra el Real Decreto 439/2024, que regula la composición del Consejo Estatal de la Pequeña y Mediana Empresa y del Observatorio Estatal de la Morosidad Privada.
Asimismo, la justicia confirma de manera definitiva que las pymes tienen derecho a una voz propia e independiente en los órganos públicos de participación, rechazando la pretensión de CEOE-CEPYME de concentrar en exclusiva dicha representación. Además, el Supremo impone las costas judiciales a CEOE y CEPYME.
La resolución determina con claridad que la representación de las pymes no puede quedar absorbida por las grandes estructuras empresariales. En este sentido, el Tribunal Supremo avala un modelo donde la pluralidad es un derecho protegido por reglas concretas que impiden que una misma organización, o sus estructuras vinculadas, acumule puestos en órganos del Estado.
La doctrina del Alto Tribunal confirma también que fijar límites a la acumulación representativa es una garantía democrática e institucional para asegurar que la participación de las pymes sea efectiva, proporcional y transparente. Con ello, se valida la presencia de CONPYMES en órganos públicos que analizan materias tan sensibles como la morosidad, la financiación, los plazos de pago, la regulación económica y las políticas de apoyo al sector.
Para PIMEM, esta sentencia marca un antes y un después en el debate sobre la representación empresarial en España, ya que la defensa del tejido pyme no puede quedar subordinada a macroestructuras en las que conviven intereses empresariales muy distintos y, en ocasiones, contrapuestos. Las pequeñas y medianas empresas necesitan una interlocución propia, especializada y libre de dependencias que condicionen la defensa de sus intereses reales.
La patronal mallorquina entiende que este pronunciamiento refuerza la urgencia de avanzar hacia un modelo de representación empresarial más equilibrado y adaptado a la realidad productiva del Estado, superando una lógica de concentración institucional que no refleja la dimensión territorial ni la diversidad sectorial actual. Tras este éxito jurídico, PIMEM pide a CONPYMES seguir trabajando para que esta doctrina se traduzca en una presencia real, efectiva y proporcionada en todos los espacios institucionales clave para la competitividad, supervivencia y crecimiento de las pymes.
Para el presidente la federación empresarial, Jordi Mora, “esta sentencia no solo derrota la pretensión de CEOE-CEPYME de limitar la pluralidad de nuestro tejido empresarial, sino que también refuerza la necesidad de revisar urgentemente cualquier sistema de participación que permita posiciones de dominio, duplicidades o sobrerrepresentación. La representación de las pymes debe construirse desde la transparencia, la proporcionalidad y la autonomía de las organizaciones que verdaderamente defienden sus intereses específicos”.
