jueves. 23.05.2024

 

La entrada en vigor, en 2018, del nuevo estándar para facturar electrónicamente en toda la Unión Europea podría obligar a las administraciones públicas y a las empresas españolas a realizar nuevas inversiones para adaptarse al modelo europeo.

 

En nota de prensa, el Grupo Seres, especialista en servicios de intercambio electrónico seguro de documentos, subraya que en España existe ya el formato 'facturae', que se podrá seguir utilizando, por lo que el impacto del nuevo modelo europeo recaerá casi en totalidad en las administraciones públicas que deberán aceptar los nuevos formatos.

 

Desde enero del año pasado, en España los proveedores de las administraciones públicas tienen la obligación de facturar electrónicamente, una medida que ha tenido un efecto positivo en el control de las cuentas públicas, en el ahorro de costes y en la mejora de los plazos a los proveedores.

 

Para la fecha de la trasposición (2018) ya habrán pasado tres años desde la obligatoriedad de uso de la factura electrónica por lo que, según el Grupo Seres, serán muy pocas las empresas proveedoras que no hayan implementado el formato 'facturae'.

 

Por ello, este Grupo advierte de que la administración pública y sus proveedores se pueden ver abocados a invertir en una tecnología que en la práctica "no tiene uso real".

 

Otra posibilidad, según el Grupo Seres, es que el formato nacional migre hacia el europeo, lo que obligaría progresivamente a los proveedores de las administraciones públicas a ir cambiando sus sistemas para trabajar en una nueva versión.

 

Seres recuerda que la normalización de un modelo de factura electrónica europeo es una tarea muy compleja que debe contener todas las singularidades contables y fiscales de decenas de países para asegurar su interoperabilidad.

La nueva factura digital europea obligará a invertir para adaptarse