Con la publicación por parte de la Agencia Tributaria de una instrucción aclarando cómo aplicar las restricciones a los aplazamientos del pago de impuestos, que se aprobó en el Real Decreto de Medidas Fiscales del pasado diciembre, se alivia uno de los temores que se sumaban al siempre delicado entorno del autónomo en este país. De este modo se podrá seguir postergando el pago del IVA como hasta ahora, pudiendo confiar en la autorización automática para deuda de hasta 30.000 euros con un plazo máximo de 12 mensualidades, ya que Hacienda entenderá por defecto que las solicitudes de mora corresponden a IVA no cobrado.
Esta modificación no es la única a la que deberá hacer frente el numeroso colectivo de trabajadores por cuenta propia este año y, en especial, aquellos que se abran a la fórmula del emprendimiento para desarrollar su profesionalidad sin ataduras o quienes sondean una salida al paro mediante la opción del autoempleo. Desde hace años, el gobierno del Partido Popular ha creído en la imperiosa necesidad de dinamizar el sector que más ocupación crea en el país, pero los acuerdos programáticos alcanzados con Ciudadanos enfatizan aún más la dinamización del colectivo.
Las arcas del Estado siguen repletas de telarañas, por lo que el Gobierno ya prevé la emisión de deuda pública para contrarrestar la previsible insolvencia de la Tesorería General de la Seguridad Social, lo que no le permite mucha holgura en la mejoría de las condiciones de los 3,2 millones de autónomos afiliados y tampoco parece que los acuerdos a los que le obliga su minoría parlamentaria se dirijan en la senda de la consolidación fiscal que exige Bruselas. Así pues, particularizando en el 86,2% de los que cotizan en el RETA -que son personas físicas-, hay una gran expectación por saber en qué se concretarán las reformas que se aguardan con la Reforma Urgente del Trabajo Autónomo o el contenido de la nueva Ley de Autónomos, que verán la luz a lo largo del primer año de legislatura.
A la espera de que impere el sentido común y la responsabilidad institucional ante la tramitación tardía de los presupuestos generales para el año en curso, resulta previsible un incremento de la base mínima de cotización para los autónomos, pero no tan alta como la habitual referencia al Salario Mínimo Interprofesional, que se ha elevado un 8% en el pasado mes de diciembre, tras el consenso alcanzado con el PSOE. La base máxima sí parece que continuará la línea trazada en el mismo Consejo para el Régimen General, incrementada en un 3% para 2017.
En este mismo sentido, cabe resaltar la probabilidad de que por fin se apruebe una cuota progresiva en el RETA, en la que se aplicaría un sistema de cotización ajustado a los ingresos reales y a la que no estarían obligados aquellos cuyos ingresos no superen el SMI. También la reforma pendiente aprecia la posibilidad de que el periodo de cotización fuera más ajustado y las altas o bajas se aplicaran desde el día en que se celebra la entrada o salida del censo, sin tener que contabilizar el devengo de meses completos.
En cambio no parece muy lógico, a pesar del globo sonda lanzado por la Ministra de Empleo, Fátima Báñez, la idea de hacer compatible el cobro del 100% de la pensión de jubilación con el ejercicio de la actividad. Duplicar este gasto, aunque sea reducido en términos absolutos, es una apuesta arriesgada en un mercado laboral que se ha cebado con los jóvenes y mayores de 45 años. Aun así, otras serán las mejoras que experimentará el entorno socioeconómico de los trabajadores por cuenta propia en los próximos meses, con mayores incentivos para los que arrancan, ampliando a un año la tarifa plana de su cotización al RETA o entre las autónomas que deben acogerse a la baja por maternidad. También habrá ayudas en materia tributaria, como nuevas deducciones en diferentes campos vedados hasta ahora y en las retenciones a cuenta del IRPF para los tres primeros años de actividad profesional.
Deberemos aguardar a la aprobación de los presupuestos y que las enmiendas de la oposición no desbaraten la reactivación de un colectivo duramente castigado por la pertinaz crisis que se resiste a abandonarnos. Cuanto más lo niega Moncloa, más miedo da adivinar en el horizonte la convocatoria de nuevas elecciones tras el 3 de mayo, una vez trascurrido un año desde la última disolución de las Cortes. El desgaste del partido en el Gobierno, avanzando con dificultad en un entorno enrarecido y el conflicto en el seno del resto del arco parlamentario, son un excelente caldo de cultivo para tratar de refortalecer la mayoría conservadora en las urnas, sobre todo ante una amenaza secesionista que precisará de solidez y solvencia en la toma de decisiones.
Con el optimismo por bandera, debería perdurar la confianza de que algunos de los grandes obstáculos para el perro flaco de la economía productiva se vayan a reducir en breve y que muchas de las pulgas que siguen aquejando a cientos de miles de autónomos deberán abandonar el que ha sido su hábitat durante las últimas décadas. Pocos han sido los que dudaban del ímprobo esfuerzo de cada autónomo por adecuarse a la sociedad 3.0 y para ganar en competencia a las sociedades de capital, basadas en la economía de escala. Ahora, no solo por gratitud a los resultados obtenidos, sino por justa correspondencia, los políticos se rinden ante el papel decisorio para nuestra sostenibilidad a la que están llamados los autónomos en España.
