martes. 29.11.2022

Impuesto contra natura

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El primero de mayo de 2002 los periódicos abrían sus ediciones a toda página con el arranque de un nuevo impuesto, pronto bautizado como Ecotasa, que nacía contestado incluso por parte del mismo Ejecutivo que lo promovió. Su breve recorrido finalizó al año siguiente, sin aminorarse la crítica del sector hotelero y con un saldo poco provechoso para la naturaleza y para Hacienda, que aún trata de cobrar la morosidad que provocó.


Bien diferente ha resultado el pistoletazo de salida del nuevo Impuesto sobre estancias turísticas y de medidas de impulso del turismo sostenible, sin el ruido mediático de hace tres lustros y una menor afectación social. De hecho, el gran lobby hotelero no se plantea revalidar la directa confrontación mantenida contra Celestí Alomar, porque ahora parece más preocupado por la competencia surgida con los apartamentos vacacionales y para limitarla precisa el concurso del Govern Balear.


La presión fiscal directa responde al interés por disuadir o recaudar. En este caso, a la espera de que se definan los objetivos de gasto fraccionados por islas, le hemos colgado un cencerro más grande a la vaca que nos da leche, sin saber si el peso mermará la calidad y cantidad del ordeño. Tanto así que el estudio presentado por el Vicepresidente Biel Barceló, esta misma semana, reconoce que “no existe una clara relación entre la aplicación de los mismos y los flujos turísticos”. Aunque en la mayoría de los casos no haya habido un efecto negativo, en ninguno lo ha sido positivo, porque no hay un solo impuesto que esquive el agravio comparativo.


Este gravamen, en cambio, provocará en las islas un impacto tan amable sobre la economía balear que parece milagroso, si nos atenemos al informe de la consultora The City Transformation Agency. Empresa que se constituyó en septiembre pasado por Antoni Vives, que CiU nombró director de la Fundación Trias Fargas y que fuera teniente de alcalde de Urbanismo de Barcelona con Xavier Trias, hasta hace diez meses. Al margen de la más que presumible vulneración de la Ley de incompatibilidades y de los 17.000€ desembolsados, es muy llamativo que un resultado de ingresos, que el Govern optimista cifra en 75,8 millones anuales, pueda generar una ocupación de  1.416 puestos de trabajo y suponer inversiones cuyo objetivo explicará la tasa finalista.


Sin resistencia aparente, en un entorno de fuerte demanda y sabedores de que la mejora en la financiación autonómica será improbable a corto plazo,  esta vuelta de tuerca a nuestros generadores de riqueza ha llegado para quedarse, sin solución de continuidad. Las empresas titulares de hoteles, apartamentos turísticos, alojamientos rurales, albergues, hostales, pensiones, cámpines, cruceros que hagan escala en las islas y viviendas que se alquilen a turistas -estén registradas legalmente o no- se verán obligadas desde ahora a recaudar un sobrecoste a sus clientes o tendrán que deducírselo de los ingresos brutos, independientemente de que lo declaren como estimación directa o por módulos.


Sea cual sea el Gobierno que apoye el Parlamento, el camino emprendido no tiene marcha atrás, ni se encontrará otra vía para cosecharlo que la del recaudador-contribuyente. Solo nos queda confiar en que los muchos turistas y residentes que respetaban el medioambiente de las islas no se crean con derecho a relajarse por lo que han pagado, si no ven un retorno claro de su aportación. Sobre todo si en los gastos de promoción turística y en los de urbanidad, que tanta falta nos hace, no se incluye la educación preventiva contra la destrucción de los recursos naturales y creemos que todo se resuelve con una multa que pagamos todos por igual.

 

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