martes. 29.11.2022

Expediente X

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Aunque las consecuencias de la inconsciencia  del vicepresidente del Govern hayan eclipsado su comparecencia parlamentaria del pasado martes, los expedientes contra plataformas turísticas internacionales,  anunciados por Biel Barceló antes de verse obligado a dimitir, suponen un punto y aparte en la evolución del alquiler vacacional.

 

La aprobación por fascículos de la reforma legislativa sectorial, en vigor desde tiempos de Carlos Delgado, fue tan polémica como muchos de los puntos oscuros que han acompañado la gestión del que fuera líder “intocable” de MËS per Mallorca y que ahora ha sido abandonado a su suerte por todos sus correligionarios.

 

No cabe duda de que la llamada economía colaborativa había irrumpido con fuerza y sin mínimo control en el escenario balear, tanto o más que en las grandes urbes españolas. La especulación sobre la vivienda se adueñó de la sociedad civil y algunos grandes empresarios vieron un nicho floreciente por donde diversificar y sacar rendimiento efectivo a sus activos. En contra, los políticos progresistas debieron frenar la eclosión, pero mirando de reojo que muchos de sus electores veían reducido con esta fórmula su esfuerzo hipotecario. No hay nada más difícil que tratar de contentar a todos y, siquiera tratando de diluir la responsabilidad en terceros, se logra resolver sin discrepancias las medidas necesarias para regular una actividad tan extendida.

 

El Govern optó por la línea dura, acosado por Podemos y presionado por la Federación Hotelera, dispuesta a intercambiar la limitación de su competencia por un incremento salarial desmesurado para la renovación del Convenio que caduca en pocas semanas. El problema comienza cuando no basta con publicar en el BOIB el nuevo marco legislativo, sino que se debe exigir su respeto y sancionar su incumplimiento.

 

A pesar de que los datos obtenidos por diferentes organizaciones ecologistas cifraban por encima de 100.000 las plazas disponible en Mallorca bajo el paraguas del alquiler turístico, la entrada en vigor de la normativa autonómica redujo en pocos días más de un cuarto el stock de viviendas arrendables, a pesar de que la mayoría siguen sin licencia hasta que concluya el planeamiento insular y la zonificación local en lo que respecta a pisos ubicados en viviendas plurifamiliares.

 

Con la escasa plantilla existente en el cuerpo de inspectores, aún con el refuerzo del Ministerio, resultará complejo castigar el menudeo, al margen de las consecuencias políticas que se derivarían de las medidas que se debieran adoptar y de los más que probables recursos que las asociaciones o particulares pudieran emprender.

 

Por eso, la primera víctima potencial es el mayorista que se resiste a cumplir con las exigencias baleares, al que se puede castigar con repercusión mediática y cuyas consecuencias reales no conoceremos esta legislatura.  Hundredrooms, Atreveo, Tripwell, Rentalia y Booking se han avenido al compromiso regulatorio, pero Airbnb y Tripadvisor están dispuestos a plantarle cara a quien pretende frenar la liberalización de una actividad, que nadie pone en duda que deba ser regulada y supervisada para que el exceso de oferta y la baja calidad no pongan en peligro el futuro económico de las Islas.

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