El Govern de les Illes Balears ha dado su visto bueno para el inicio de la tramitación de la ley que crea un nuevo impuesto, el de estancias turísticas, al que tendrán que hacer frente tanto los residentes como los visitantes.
Las Islas sustentan su economía, aproximadamente 27.000 millones de euros de PIB anuales, principalmente en el sector turístico, que actúa como polo de atracción para negocio e inversiones y como eje vertebrador del resto de sectores económicos, ya sea construcción y sectores auxiliares, comercial, de distribución, manufactura, etc.
Este sector, preponderante en nuestra economía, contribuye, decididamente, a la dinamización de todos nuestros sectores económicos y a que nuestras islas hayan sido las primeras en sobreponerse a la crisis económica mundial.
Así, con una extraordinaria temporada turística en el ejercicio 2015 ha generado más de doce mil millones de euros, contribuye, entre otras, a generar el 32 %, y subiendo, de los puestos de trabajo existentes en las islas es decir que, como mínimo, 1 de cada tres empleos en IB se generan en el sector turístico; contribuye a desestacionalizar la temporada, y, por tanto, a que los contratos laborales sean de mayor duración y mayor cuantía.
También contribuye a que la renta per cápita de los trabajadores ascienda ya a los 24.000 euros anuales, situándonos en la séptima posición de entre las diferentes CCAA. Por otro lado contribuye nos situa en el “mapa” geoestratégico y que se nos considere como destino turístico de primer nivel, y además podamos disfrutar de, según medios de comunicación internacionales, “la mejor ciudad del mundo para vivir”.
También contribuye a que nuestros productos autóctonos puedan tener “salida” empresarial y muchas empresas tradicionales puedan subsistir, etc.
Es por ello, por lo que cuando colocamos todo esto en una parte de la balanza y en la otra colocamos, únicamente, el afán recaudatorio del poder político y sus fobias y filias respecto del sector económico por excelencia de las Illes Balears, es cuando, el ciudadano normal, el que no vive la política del día a día, se puede dar perfecta cuenta que resulta desproporcionado los supuestos “beneficios” que nos venden, respecto de lo que “estamos poniendo en juego”. Con la cosas de comer no se tiene que jugar.
Así, se anuncia que la entrada en vigor de este impuesto supondrá una recaudación, ya veremos, de unos 50 millones de euros anuales, pero que, por otro lado, la repercusión negativa nos puede hacer dejar de ingresar hasta un 5% del total de los ingresos, es decir, aproximadamente, 600 millones de euros al año. ¿Es, realmente, consciente el gobierno autonómico de lo que nos jugamos?
Por no hablar de todo aquello relativo a la discriminación en cuanto a que, evidentemente, todas las plazas turísticas ilegales no pagarán, y no son pocas, más de 125.000, con lo cual, el Govern, con esta decisión administrativa, les hace ser, todavía, más competitivos.
Así mismo, esta decisión también afectará a los niveles de contratación, que, evidentemente, se reducirán por cuanto las empresas tendrán menores márgenes económicos.
Para finalizar, y, no por ello menos importante, hay que tener en cuenta, que seremos el único destino turístico vacacional del área mediterránea que ponga en marcha un tipo de impuesto similar, con lo que ello significa de encarecimiento y de imagen del destino.
Y todo este embrollo ¿Para qué?, ¿Cuál es el objetivo?.
Dejando a un lado las cuestiones ideológicas, cuya radicalidad asombra, y, como decíamos, después de muchos dimes y diretes, al final todo esto servirá para que el Govern autonómico, el poder político, pueda acabar disponiendo de más recursos económicos para poder cuadrar su política expansiva de gasto corriente, a saber, contratación de personal en la administración pública, incrementando, la ya de por sí elefantiásica estructura administrativa autonómica que cuenta con más de treinta y cinco mil empleados, que se dice pronto!!!.
Como reflexión general, en otras latitudes, tanto de nuestro país como en otras de nuestro entorno europeo, los gobiernos actúan en defensa y preservando a los sectores empresariales que generan riqueza, empleo y bienestar, e, incluso, en muchos casos, proceden a subvencionarlos de forma directa, o, como mínimo facilitando su labor, y, aquí, en nuestra tierra, los que hoy nos gobiernan les paralizan las licencias para realizar obras de mejora en los establecimientos, les critican por sus declaraciones en las ferias turísticas, les quieren legalizar la oferta ilegalizable (pisos turísticos), les derogan las leyes que han permitido la modernización de infinidad de establecimientos turísticos y, finalmente, les castigan a impuestos.
Vivir para ver
