La gestión de lo público lleva arrastrando disfunciones desde tiempo inmemorial. La confusión de intereses generales con intereses particulares partidistas no es novedoso pero sus consecuencias en el pasado nos han conducido, hoy, a un callejón sin salida.
La estrategia política consentida, e incluso aplaudida, por una parte de la sociedad, en virtud de la cual, el déficit presupuestario en la gestión del dinero público no resulta perjudicial para los ciudadanos, sino todo lo contrario, ha vencido, históricamente, hasta el crack mundial del año 2008.
La denominada ortodoxia financiera es, a la vista de los datos, muy poco atendida. Por tanto, el desequilibrio en las cuentas públicas de municipios (gracias a la ley aprobada la legislatura 2011-2015 en la AGE se ha conseguido que los ayuntamientos no se puedan endeudar y que su prioridad sea la amortización de sus deudas), consejos insulares/cabildos, diputaciones, comunidades autónomas y en la Administración General del Estado se ha generalizado.
Lo que tendría que ser, y es, un serio problema se ha convertido en una mera anécdota, en tanto en cuanto, los presupuestos anuales de las diferentes AAPP no se cumplen nunca, por lo que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia.
No tan sólo se gasta más de lo que se ingresa, generándose el correspondiente déficit público, que acaba perjudicando a los propios conciudadanos, sino que se justifica como una necesidad fruto de una financiación injusta, indebida, etc…, por lo que el poder político acaba “disfrutando” de patente de corso para incrementar los impuestos, crear de nuevos y/o pedir prestado a los bancos, todo ello para acabar cubriendo estos agujeros económicos, en una espiral sin fin.
El déficit público anual y recurrente en el que incurren las diferentes AAPP es fruto de una incapacidad manifiesta en la gestión de lo público, dado que gastar más no significa gastar mejor.
¿El gobierno de lo público es disponer de manga ancha para gastar sin fin, eludiendo asumir responsabilidades por la toma de decisiones que acabamos pagando todos con nuestro dinero?. La gestión de los recursos públicos no puede ni debe convertirse, como está sucediendo, en una ciencia inexacta, al albur del político de turno, sin que su mala gestión tenga consecuencias de ningún tipo.
La senda continuista del desequilibrio presupuestario se ha convertido en una alocada carrera hacia ninguna parte y que, de no remediarlo, seguirá aumentando. La gestión sin rigor hace que los políticos tengan que hacer equilibrismos y tengamos que escuchar soflamas políticas como las de los últimos días en relación a que el Estado condone a Baleares una parte de su deuda pública.
Se solicita dejar de pagar 6.500 millones de euros. Los argumentos que sustentan esta petición son inexistentes, claro está, más allá del “Madrid me mata”.
Las Illes Balears tienen una deuda pública que asciende a más de 9.000 millones de euros (818 €/ciudadano), con una ratio de endeudamiento del 30 % del PIB, lo que nos coloca, tristemente, en el pelotón de cabeza de las CCAA.
El hiperapalancamiento público en Baleares es tan espectacular que, de un presupuesto anual aproximado de 4.000 millones de euros, se destinan, 1.000 millones anuales (25%) a la devolución de la deuda (capital+intereses). Dicha cantidad es inmensa, teniendo en cuenta que se destinan, anualmente, 800 millones de euros a educación o 1.200 millones de euros a sanidad.
Lo cierto y verdad es que las posibilidades de endeudamiento no son infinitas, y cuando ya nadie les fíe, lo que ocurrirá más pronto que tarde, se acabará imponiendo la realidad y se tendrán que poner en marcha un plan de reformas estructurales del sistema que embride el desaforado e injustificado gasto público que no es sostenible ni necesario.
El escenario, como acabamos de relatar, es muy preocupante y todo ello hay que aderezarlo con el cumplimiento del marco normativo según el cual, y en virtud de la modificación del artículo 135 de la CE (Gobierno PSOE) se aprobaron varias leyes, una de ellas fue la ley orgánica 2/2012 de 27 de abril de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, que establece que la deuda pública del conjunto de las AAPP se limitará al 60% de su PIB en el año 2020.
La deuda pública total en España está conformada por las deudas de las diferentes AAPP (AGE, las CCAA, diputaciones/consells/cabildos y municipios), y, a día de hoy, asciende a 1 billón de euros, con b, lo que representa el 100 % de su PIB, y, por tanto, en nombre del pacto citado, se tendría que reducir en hasta 40.000 millones de esa deuda en los próximos 4 años.
¿Qué creen que significa eso a efectos de ajustes? En definitiva, hay que tomar conciencia de que en los presupuestos públicos no cabe todo y que las voluntades populistas de los gestores de lo público no se pueden pagar cargando sobre las espaldas de los españoles ni sobre la de los ciudadanos de Baleares ni más deuda ni más impuestos.
