Analizados los resultados electorales y las posibles alianzas postelectorales resulta conveniente valorar los diferentes escenarios a los que se enfrenta el sistema.
En primera opción, una alianza de PP-PSOE-C’s como gran apuesta política por la estabilidad y la responsabilidad institucional, así como garantía de pervivencia del sistema, cimentada sobre el acuerdo en 4 grandes materias a través de la puesta en marcha de un paquete de reformas estructurales.
A saber, estas serían reforma de la ley electoral (la actual está pensada para los años de la transición que ya ha quedado desfasada), reforma de las administraciones públicas (replantearse los servicios que se han de prestar desde lo público, con la máxima de que la administración no puede ser un fin en sí misma, sino un medio para alcanzar un fin), reforma fiscal (hay que reducir tramos en la fiscalidad personal, el IVA debe reducirse, el impuesto al trabajo es un hándicap importantísimo para la creación de puestos de trabajo), la reforma laboral (profundizar en las medidas adoptadas, reducción de tipos de contrato, reducción de cuotas de autónomos, etc.), y la reforma educativa (el desolador nivel de fracaso escolar es prueba inequívoca de que la educación es España es una asignatura pendiente de primero orden).
En segunda opción, es la que consagraría la incertidumbre del día a día y la imposible gestión de las cuentas públicas con la necesaria visión de Estado y altura de miras, que es lo que representa trasladar el experimento de las Illes Balears a nivel del Estado, es decir una miscelánea de siglas, PSOE-PODEMOS, ERC-CATSI, IU, DL (antigua CIU), PNV, EH BILDU, etc., aupada por un rancio populismo y la utopía como escenarios centrales, bajo el paraguas de un común denominador de impedir gobernar al PP.
Este “tuti fruti” de partidos políticos variopintos, movimientos sociales minoritarios y repleta de los típicos tópicos de otras épocas, sólo pueden garantizar un gobierno tendente a las operaciones cosméticas, más mediáticas que efectivas, y que tiene su base en el inmovilismo institucional.
Este tipo de acuerdo, exclusivamente, se circunscribiría al ámbito personal, en tanto en cuanto se trataría de articular la supervivencia política del secretario general del PSOE y nada tendría que ver, ni con los intereses del PSOE, ni con los intereses generales de la mayoría de españoles.
En tercer lugar, la convocatoria de nuevas elecciones, que, despejarían el diabólico escenario electoral actual.
Dada la correlación de fuerzas políticas y la coyuntura presente en el Congreso de los Diputados, en virtud de la cual, se hace imposible lograr mayorías suficientes para conformar un gobierno estable que permita consolidar determinados avances y apostar por la profundización en las medidas adoptadas, en aras al interés general de los españoles, se tendría que dar paso a unas nuevas elecciones.
A modo de segunda vuelta electoral, en la que ya no cabrían medias tintas, ni postureos mal entendidos, ni palabrería hueca, en la que, los votantes tendrían ante sí dos propuestas ideológicas, claras e inequívocas, representadas por la plataforma PP-C’s y la plataforma PSOE-PODEMOS, ERC-CATSI, IU, y otros, tales como DL –restos del naufragio de CIU-, PNV, EH BILDU, etc..
Así, se pondría en juego, aún sin estar contemplada en nuestra legislación, una especie de reválida asimilable al modelo francés, que avala la consagración de la apuesta por mayorías estables de gobierno aprobadas en las urnas y no en oscuros pactos postelectorales, en lo que priman, los intereses personales y partidistas sobre el interés general.
Así, se vislumbra prácticamente imposible un acuerdo tripartito PP-PSOEC’s, por los prejuicios y tópicos de determinados responsables con escasa talla política, así como tampoco se ve factible la segunda opción de un acuerdo PSOE-PODEMOS, ERC-CATSI, IU, DL (antigua CIU), PNV, EH BILDU, etc., demasiado radicalizada y con un coste demasiado alto para España.
Por lo que la opción que cobra “vigencia” sería la convocatoria de unas nuevas elecciones generales, en la que la apuesta por el voto útil será la que clarifique el sudoku parlamentario en el que nos hemos visto inmersos.
El riesgo que contrae la celebración de nuevas elecciones generales es infinitamente menor que la constitución de un gobierno débil e inestable, con apoyos políticos de grupos antisistema, independentistas, rupturistas, nacionalistas, con demandas inverosímiles, actuando en favor de minorías muy minoritarias y radicalizadas, olvidándose del interés general, etc. que, en definitiva, harían ingobernable el país, abocándonos a un rescate por parte de la UE, esta vez sí, con la inevitable puesta en marcha de los verdaderos recortes, esta vez sí, de nuestro sistema social de bienestar.
El ejemplo de las Illes Balears, en el que la única argamasa que une a la ensalada de siglas que respalda al gobierno autonómico es la voluntad de que no gobierne la lista más votada, de que no gobierne el PP, tendría que servir como acicate para que, bajo ningún concepto, se pudiera trasladar este modelo al Estado porque el resultado sería el de una legislatura perdida que, ni España ni los españoles se puede permitir.
El futuro es de los valientes.
