Las asociaciones PIMEM-Restauración y de Restauradores de Mallorca (Arema) han exigido al Govern que, "con efecto inmediato", se abran los interiores de los restaurantes, en cumplimiento de las medidas asociadas al nivel 2 de riesgo sanitario, que es el que rige en la actualidad en Mallorca.
Alegan en un comunicado conjunto que así figura en el llamado "semáforo COVID" aprobado por el Govern balear en noviembre 2020, y que siguen las indicaciones del documento "Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión del COVID-19" del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud actualizado a 22 de octubre del 2020.
Aseguran que, después de 13 meses donde el sector de la restauración balear ha sufrido un descenso de facturación de casi el 80% y "sin ningún tipo de compensación o indemnización efectivas que contrarresten las infundadas restricciones impuestas", las patronales consideran "inadmisible la discriminación promovida por el Govern".
Critican que mientras hace cumplir las medidas que figuran en el semáforo en los comedores interiores de los hoteles, "impide su cumplimiento en los restaurantes a pie de calle".
"Observamos con enorme preocupación los mensajes que ya está lanzando el Govern de mantener restricciones más allá del 9 de mayo 2021, cuando decaiga el vigente estado de alarma y recuperemos el régimen normativo ordinario", advierten.
Reprochan al Govern balear la ausencia de un criterio sanitario válido que sustente las medidas impuestas a la restauración en general desde hace meses, y de nuevo en el BOIB del pasado 10 de abril 2021. "Se trata de otra arbitrariedad política más de nuestro ejecutivo autonómico", acusan.
Ante lo que tildan de una "vulneración del marco jurídico que el propio ejecutivo ha aprobado unilateralmente al amparo del estado de alarma vigente", las patronales de restauración apelan a los grupos políticos con representación en el Parlament y les piden que exijan al Govern "que sea consecuente con sus decisiones y que cumpla sus propios decretos".
Creen que la situación supone una "indigna degradación" de las instituciones y alegan que "es responsabilidad de todos los que forman parte de ellas el velar por su integridad, visto que el ejecutivo balear no tiene intención de cumplir con lo que aprueba unilateralmente".
Aseguran que un ejecutivo que no cumple lo que aprueba "carece de toda credibilidad y legitimidad para erigirse en garante de nada", y señalan el incumplimiento de otros compromisos como la ampliación del acceso a créditos a través de la sociedad de garantía ISBA y la exención de ciertas tasas municipales.
"Instamos a todos los partidos políticos y a todos los cargos públicos que sean los primeros en exigir que se cumpla y se haga cumplir sin excusa ni demora la normativa vigente, y que denuncien formalmente toda discriminación jurídica y arbitrariedad política, especialmente y en particular la impuesta sobre los 9.600 negocios de restauración en Baleares que está poniendo en riesgo 55.000 puestos de trabajo y en torno al 5 % del PIB de las islas", concluyen.
