El Consell de Ibiza, a través del Departamento de Lucha contra el Intrusismo, ha abierto un expediente sancionador contra la propietaria de una Vivienda de Protección Oficial (VPO) de Puig d' en Valls, municipio de Santa Eulària, en Ibiza, que alquilaba habitaciones a través del portal de reservas Airbnb.
La administración insular ha remitido el expediente al Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) para que actúe en función de la legislación vigente ya que se trata de un piso social, según ha informado el Consell de Ibiza este jueves en un comunicado.
En los anuncios, la anfitriona se presentaba como ‘superhost’ y en los mismos se podían leer más de 15 evaluaciones de usuarios. Contaban con un calendario de disponibilidad y los interesados podían reservar por un precio de 180 euros la noche, con 15 euros de gasto por limpieza y 64 euros de comisión de servicio para Airbnb.
Además, en uno de los anuncios hacía publicidad de una habitación “para niños de 25 a 40 años de edad”.
El servicio de inspección inició el procedimiento sancionador por hacer publicidad y comercializar habitaciones sin haber presentado declaración Responsable del Inicio de la Actividad Turística, y sin estar inscritos en el Registro Insular de Empresas, Actividades y Establecimientos Turísticos.
El conseller de Lucha contra el Intrusismo, Mariano Juan, ha destacado que este caso es “especialmente ofensivo” porque en una situación de falta de vivienda “hay quien se aprovecha del beneficio de haber obtenido una VPO para hacer negocio ilegal”.
Juan ha dicho que desde el Consell son y serán “implacables” y que su objetivo es que el infractor “sienta la presión” de los servicios de inspección que trabajan para “identificar, expedientar y sancionar los alquileres turísticos ilegales”.
