La presidenta del Govern, Francina Armengol, y el vicepresidente y conseller de Transición Energética, Juan Pedro Yllanes, han presentado, acompañados de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, el Plan para la Transición Energética de las Illes Balears.
Este Plan está financiado con 233 millones de euros provenientes del Programa de Recuperación, Transformación y Resiliencia y entre sus objetivos prevé pasar del 6% de producción de energía a partir de energías renovables actual hasta el 30% en 2026, así como la creación de 7.000 puestos de trabajo.
La presidenta Armengol ha destacado que este plan incluye proyectos específicos que supondrán “un salto cualitativo y cuantitativo fundamental para conseguir una transición ecológica justa”, que pone énfasis en cuestiones como “la lucha contra la pobreza energética” y hace una “apuesta firme por la implantación de energías renovables, por los proyectos de autoconsumo compartido, por la movilidad sostenible o en la gestión del ciclo de la agua”.
El Plan presentado se desarrolla en seis programas. El primer programa está dedicado a la creación de cinco oficinas de dinamización para la transición energética (6,5 millones). Estas oficinas, que deben de dar cobertura a todo el territorio, tienen la función de acompañar y guiar a la ciudadanía, las empresas y las administraciones en la absorción de las ayudas, además de concienciar a la ciudadanía y asegurar que la transición energética es inclusiva y, por lo tanto, llega a todas las capas de la sociedad.
Por otro lado, el segundo programa prevé la inversión en proyectos innovadores que puedan diversificar el modelo productivo (33,8 millones), financiando aquellos proyectos que creen puestos de trabajo estables y de calidad y estimulando el talento innovador.
La mayor movilización de recursos es la destinada a las ayudas para el impulso de la transición energética. El objetivo es llegar a sectores no cubiertos por otras ayudas existentes e impulsar la generación de energía, el almacenamiento y la instalación de puntos de recarga de vehículos. Los beneficiarios podrán ser particulares, dando prioridad a los colectivos vulnerables; las empresas, favoreciendo sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, y la Administración pública.
Así pues, el tercer programa destina 70 millones de euros a afrontar los retos de la insularidad, con la financiación de más de 2.000 puntos de recarga alimentados con energía solar, la promoción de sistemas de alquiler compartido o la promoción del transporte colectivo en zonas de alto valor ambiental.
También prevé acompañar la creación de zonas de bajas emisiones y actuaciones de descarbonización del mar, favorecer la electrificación de hasta 20 puertos y fomentar la construcción de embarcaciones de cero emisiones, entre otras actuaciones. Finalmente, incluye acciones de autoconsumo y almacenamiento en infraestructuras del ciclo del agua.
Hay que destacar también la voluntad que esta transformación del modelo energético sea socialmente justa. Por eso, el cuarto programa destina 30 millones al impulso de proyectos integrales de autoconsumo en edificios con viviendas donde viven familias en situación de vulnerabilidad, entre otras actuaciones que también implican a la Administración pública y a los grandes consumidores de energía.
El quinto programa destina 68 millones a ayudas a la generación de energías renovables y da prioridad al suelo urbano, así como a la solarización de aparcamientos, los sistemas de almacenamiento, la creación de comunidades energéticas y la mejora en la gestión de la red.
Finalmente, cabe destacar la apuesta por la transición energética de la Administración de la Comunidad Autónoma, establecida en el sexto programa, que invierte 25 millones para lograr el objetivo de llegar al 35% de autoconsumo en 2026.
