El Consell Social de la Llengua Catalana, órgano asesor del Govern de les Illes Balears, ha aprobado en su última sesión celebrada una serie de propuestas de actuaciones en materia de política lingüística para el quinquenio 2016-2021.
Según la información hecha pública en la web del propio Govern la propuesta de intervención se ha estructurado a partir de cinco derechos lingüísticos: de acceso al conocimiento de la lengua catalana, de utilizar el catalán en el ámbito de ocio, de utilizar el catalán en el ámbito asistencial y sanitario, de utilizar el catalán en las relaciones comerciales y en el ámbito de los servicios, y de utilizar el catalán en el ámbito comunicativo.
A falta de conocer con detalle este documento de propuestas, y en base a las informaciones publicadas en varios medios de comunicación, la Asociación de Comerciantes de Menorca integrada en PIME Menorca ha mostrado su rechazo ante las posibles imposiciones lingüísticas para la apertura de nuevos negocios y en las relaciones comerciales y empresariales que pudieran contemplar futuras nuevas normativas autonómicas.
"Una cosa es que las administraciones competentes, en el ámbito de sus actuaciones, puedan promover el uso de la lengua catalana en las actividades comerciales, así como también en los rótulos, símbolos y distintivos de los establecimientos comerciales de las Illes Balears; tal y como se ha hecho con la convocatoria de ayudas públicas del Consell Insular de Menorca para el uso del catalán en el sector empresarial que ASCOME y PIME Menorca han trasladado a sus empresas asociadas; y otra muy distinta y no aceptable, es condicionar cualquier actividad empresarial al cumplimiento de ciertos requisitos lingüísticos, sea el idioma que sea", asegura Ascome.
