Las empresas de la Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (Apartur) facturarán unos 215 millones de euros este año, cifra similar a la del año anterior, según ha explicado el presidente de la entidad, Enrique Alcántara.
Barcelona tiene una moratoria que no permite abrir viviendas de uso turístico desde hace dos años, once en el caso de Ciutat Vella, y la norma estará en vigor hasta que se apruebe el Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (PEUAT).
Sin embargo este plan determina que, dejando al margen Ciutat Vella, no se pude abrir ninguna vivienda de uso turístico a menos que se cierre otra y, de ser así, sólo se hará en barrios periféricos y, en ningún caso, en un espacio que fuera vivienda en julio del 2015.
Alcántara considera esta limitación un "error" y aboga por la movilidad, "porque gracias a eso podemos resolver los problemas de convivencia", de tal manera que si un piso turístico está en un sitio en el que ocasiona problemas, se puede trasladar a un edificio más adecuado para este uso.
Además, asegura que este plan de alojamientos turísticos está basado más en opiniones que en datos objetivos sobre "cuál es la realidad de Barcelona" y dice que no está demostrado el impacto que los pisos de uso turístico tienen en el precio de la vivienda en Barcelona.
Tras estar en exposición pública, el PEUAT ha recibido tal cantidad de alegaciones que el Ayuntamiento de Barcelona ha retrasado su aprobación hasta el próximo otoño para estudiarlas.
Las alegaciones presentadas por Apartur se basan en la "no discriminación", que el crecimiento de los pisos turísticos sea igual al de los hoteles y que cuando se cierre un piso turístico se pueda abrir otro en un espacio que sea vivienda y no en una oficina.
Alcántara considera que los pisos turísticos han sido un poco "cabeza de turco" y que la administración ha sido más dura con ellos porque "somos muy pequeños y no somos un lobby fuerte", ya que la mayoría son pequeños propietarios.
"En la Barceloneta hubo problemas con los pisos turísticos ilegales, pero no por ello hay que atacar a los que son legales, no hay que confundir y mezclarlo todo", ha dicho.
Sin embargo, según Alcántara, hay una demanda muy fuerte de vivienda de uso turístico, más allá de las 9.600 que hay ahora censadas legalmente.
En este sentido, Alcántara piensa que cada vez habrá más apartamentos ilegales "porque las moratorias lo provocan".
"Somos partidarios de la regulación", ha dicho Alcántara, que cree que "la barra libre no tiene sentido" y ha apostado por crecer, poco a poco, al considerar que la "ciudad lo absorberá bien".
Sostiene además que en todos los barrios hay margen para este crecimiento, pero a diferente ritmo.
La asociación también pone de manifiesto la "incertidumbre" y la "indefensión jurídica" que esta situación ha provocado entre los propietarios de pisos turísticos.
Entre los principales retos de Apartur está acabar con las viviendas turísticas ilegales, garantizar la convivencia con los vecinos, con iniciativas como la instalación de sonómetros para controlar el ruido en viviendas que no estén insonorizadas, y contribuir a la redistribución de la riqueza que aporta el turismo.
Los principales usuarios de los apartamentos turísticos de Barcelona son los viajeros europeos, principalmente franceses, ingleses y de los países escandinavos, con un perfil básicamente familiar y con una estancia media de cuatro días.
El representante de Apartur espera reunirse pronto con la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau y que el Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos se apruebe de manera definitiva en la primavera, después de hacer las modificaciones pertinentes.
