jueves. 28.03.2024

 

La Asociación de Centros de Formación, AEF, asociada a PIMEM puntualiza que las acciones formativas dirigidas a personas desocupadas no las realizan las patronales ni sindicatos, si no que la ejecutan los centros colaboradores acreditados por el Servei de Ocupació de les Illes Balears, los que se conocen popularmente como academias de barrio. 

 

La AEF-PIMEM rechaza una asignación directa y exclusiva a centros públicos. Tanto la ley General de Subvenciones 38/2003 de 17 de noviembre, como el Decreto legislativo 2/2005 de 28 de diciembre, así como la ley de formación profesional 30/2015, garantizan el principio de concurrencia competitiva para la adjudicación de ayudas dirigidas a centros y entidades de formación privada de las Illes Balears, con el objeto de financiar acciones formativas para personas desocupadas.

 

La decisión de la Administración en la que se elimina a los centros colaboradores de la participación de solicitudes de ayudas para la ejecución de las acciones formativas dirigidas a personas desocupadas, implica la vulneración de la concurrencia competitiva que, en este caso, garantizan la Ley General de Subvenciones de Baleares como la Ley 30/2015.

 

La AEF-PIMEM reivindica la publicación de la convocatoria para la formación dirigida prioritariamente a desocupados, en la que puedan participar tanto los centros públicos como los centros colaboradores privados, a fin de garantizar la pública concurrencia y por tanto cumplir la Ley que nos aplica a todos.

 

La AEF-PIMEM no apoya la decisión del Govern de asumir la formación para parados de forma directa y exclusiva por los institutos, por no respetar la legislación vigente en materia de concurrencia competitiva y por perjudicar seriamente a los centros colaboradores privados, muchos de ellos asociados a AEF-PIMEM.

 

En la misma línea del cumplimiento de las normativas que regulan el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral, AEF-PIMEM reclama que la Administración adopte criterios unificados en el sistema de corrección de las justificaciones económicas, presentadas por sus asociados al cierre de las acciones formativas. La consecuencia de estos cambios de criterios, por parte de la Administración, perjudica gravemente a los centros colaboradores, ya que paraliza el pago de las formaciones ejecutadas desde el año 2010, y muchos centros se ven abocados al cierre de sus academias por la asfixia económica generada por la propia Administración.

 

Por último, señalar que la Federació de PIMEM apoya a las empresas del sector dado que la medida de exclusión las aboca a muchas de ellas a un cierre inevitable.

La AEF-PIMEM rechaza la asignación directa y exclusiva de la formación en los centros...