El sector audiovisual considera que la consejera de Administraciones Públicas, Isabel Castro, ha decidido "abandonar el sector audiovisual y condenarlo al cierre al tomar la decisión de reducir el presupuesto real destinado a la producción de contenidos a IB3 en más de un 20% respecto al año pasado".
Las asociaciones del sector audiovisual, APAIB, APAI, ACIB y CIMA se manifiestan decepcionadas después de la última reunión mantenida con la consellera de Administraciones Públicas y los responsables de IB3. Las razones de esta decepción son "la confirmación de la disminución del presupuesto real destinado a la producción de contenidos en 2 millones de euros, y las consecuencias que tendrá esta disminución: cierre de productoras y centenares de trabajadores afectados".
Las asociaciones lamentan "la carencia de compromiso de la consejera al incrementar este presupuesto, ni con partidas extraordinarias (el que sí se ha producido con los trabajadores de la subcontrata de informativos, hecho que las asociaciones celebran) ni con el equilibrio procedente otras partidas del presupuesto de IB3".
La consellera tampoco se comprometió a garantizar que, ante esta grave situación, el 100% de presupuesto para contenidos se contratará con empresas locales. En este sentido, la gerente del Ente, Marga Cardona, confirmó que la televisión autonómica tiene previsto contratar alrededor de un millón de euros con concursos a la productora de capital chino Mediapro.
El planteamiento de la dirección del Ente por este año es de parrilla continuista, el que quiere decir que solo se contratarán programas que ya son parte de la parrilla. Este hecho supondrá que solo habrá presupuesto para cuatro nuevas convocatorias de programas. Estas convocatorias suponen 300.000 euros, cantidad que las asociaciones consideran totalmente insuficiente y que provocará que la mayor parte de las productoras no puedan trabajar.
Las asociaciones han pedido la intervención urgente de la presidenta del Gobierno, Francina Armengol. Exigen el incremento del presupuesto destinado a contenidos, igual que se ha hecho con informativos, y el compromiso del Gobierno porque las productoras locales lleven a cabo el 100% de la programación, especialmente en estos momentos de crisis, así como el incremento de la producción en Menorca y las Pitiusas.
Los representantes del audiovisual consideran que, si el sector se hunde, habrá estado por una decisión del Gobierno de las Islas Baleares que, con sus medidas o la carencia de ellas, habrá condenado este tejido productivo y sus trabajadores a la extinción. Añaden que el Gobierno no se puede quedar parado ante este hecho o será, finalmente, responsable de sus consecuencias tanto para las empresas como para los trabajadores y sus familias.
En cuestiones de género la televisión pública no consta con un plan de Igualdad así como establece en el artículo 45 la ley orgánica 3/2007 del 22 de marzo por la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
