En este sentido, el aumento que en términos interanuales ha registrado la afiliación de trabajadores en el mes de febrero (2,4%) se erige en el más contenido desde los primeros compases del ejercicio 2014 (1,8%, marzo).
Esta evolución, que se aviene con la fase cada vez más madura por la que transita la economía y el mercado laboral del archipiélago, sitúa el ritmo de creación de empleo de las islas por debajo de la media nacional (2,9%) por primera vez desde que el marcador de crecimiento recuperara el signo positivo, hace ya casi cinco años.
Desde un punto de vista sectorial, la tendencia a la moderación se hace extensiva a la práctica totalidad del tejido productivo balear, si bien el empleo mantiene en el sector de la construcción (5,6% vs 6%, enero) un empuje superior que en los servicios (2% vs 2,6%, enero) y la industria (1,9% vs 2,4%, enero).
Al mismo tiempo, esta evolución se está trasladando, a su vez, al proceso de normalización del desempleo. Prueba de ello es que el número de parados inscritos en las oficinas de empleo (58.125 personas) ha disminuido en el mes de febrero en términos interanuales a un ritmo (-2,1%) más moderado que el observado durante los últimos años (-5,5%, 2018; -11,7%, 2017) y que la media estatal (-5,2%). Con todo, la tasa de paro registrado ha seguido descendiendo hasta situarse en el 11,8% de la población activa, porcentaje que representa la menor incidencia del desempleo en este mes del año desde 2008.
En este contexto, Carmen Planas ha destacado que “ante la progresiva moderación que irá experimentado el crecimiento de la economía y del empleo durante el presente ejercicio, desde CAEB entendemos que es preciso que las administraciones ayuden a generar el clima de estabilidad y seguridad jurídica necesario para que se fomenten nuevas inversiones que permitan seguir dinamizando el crecimiento de la economía y la creación de empleo a lo que, sin duda, no ayuda que el Gobierno esté eligiendo la vía del Real Decreto Ley para imponer cambios en la legislación laboral vigente porque excluye el diálogo y el consenso deseable en cualquier proceso democrático”.
“Estos cambios nacen con un evidente carácter electoralista antes de los comicios generales previstos para el próximo día 28 de abril y quebrantan el diálogo social en un escenario que parte de la imposibilidad del Ejecutivo de tener una mayoría amplia en el Parlamento que le permita ejecutar su plan de reformas”.
