La asociación ha recordado al Ejecutivo regional que ya ha habido pronunciamientos de autoridades autonómicas sobre decretos de esta naturaleza, como es el caso de la Autoridad Catalana de la Competencia y el Consell de Garanties Estatutàries.
Ambos organismos señalaron que imponer tiempo añadido, como los 30 minutos que quiere instaurar el Govern, a la ya existente precontratación de las VTC atenta contra el artículo 38 de la Constitución Española, de Libertad de Empresa.
Eduardo Martín, presidente de Unauto VTC, ha señalado: “Lo que buscamos es que se haga una regulación justa, que no venga dictada por las demandas de los taxistas, como ha pasado en Cataluña. El Gobierno de las Baleares debe dar marcha atrás en esta decisión, que está diseñada para proteger el monopolio del taxi y que es contraria a las necesidades de los usuarios y de la movilidad”.
La patronal de los vehículos con conductor ha recordado que restringir la operativa de las VTC en el archipiélago supondría la desaparición de numerosos puestos de trabajo, así como el pago de una indemnización de más de 140 millones de euros a los titulares de las 212 autorizaciones que operan en la Comunidad. Además, la asociación ha señalado que estas medidas vulneran el derecho de los ciudadanos de elegir cómo moverse por sus ciudades.
