De acuerdo con los presupuestos generales de 2018, que se prorrogaron en 2019, el Estado destina cada año 382 millones de euros a subvencionar ese tipo de billetes, para compensar a los residentes en territorios no peninsulares los costes de la lejanía.
En el programa de fiscalización que aprobó el pasado día 19 de diciembre, el propio Tribunal de Cuentas detalla que, por iniciativa propia, añade a su trabajo habitual un estudio sobre esas ayudas al transporte aéreo.
Esta decisión coincide con las quejas manifestadas por varios colectivos sociales, a las que también se ha sumado el propio Gobierno de Canarias, sobre la subida que han registrado los billetes aéreos entre la península y las islas desde que el Estado decidió elevar la subvención del 50 al 75% del coste final, que en teoría debería haberlos abaratado.
En febrero, el presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), José María Marín, sugirió en una comparecencia ante el Parlamento de Canarias que subir las ayudas podía estar provocando un efecto contraproducente y no abaratar los billetes, sino beneficiar a las aerolíneas.
"Los precios bonificados se traducen en una subida de precios y en un aumento de la cuenta de resultados de los accionistas, eso pasa siempre, ustedes sabrán por dónde quieren ir, eso es el abc de esta historia", dijo Marín.
En los últimos meses, el colectivo "Canarios sin alas", como se denominan a sí mismos un grupo de isleños residentes en la península muy activos con este asunto en las redes sociales, vienen denunciando que los precios de un vuelo a Canarias sin subvención han llegado a tal nivel, que se les hace imposible visitar a sus familias, sobre todo en fechas como las navideñas.
Y han publicado varios ejemplos de billetes desde Madrid o Barcelona a Gran Canaria que apenas resultaban 20 o 30 euros más baratos que volar a Tokio o a Nueva York.
