La Agencia de Disciplina Urbanística (ADU) pondrá en marcha un plan de choque para poder impulsar la labor que lleva a cabo y agilizar los trámites y los expedientes. Se ha detectado que una de las carencias que tiene la ADU es la parte jurídica y, por ello, se reforzará la plantilla con más personal jurídico.
La consejera Garrido ha explicado que «la agencia es uno de los objetivos de la legislatura porque queremos que sea el instrumento de protección del territorio. Y nos hemos encontrado una situación muy preocupante y que pondremos todos los esfuerzos para mejorarla. "La prioridad es que «la ciudadanía sea consciente de que desde el ADU actuamos, porque sino hay una sensación de impunidad que no nos podemos permitir".
Las medidas incluidas en este plan prevén aumentar el ritmo de la tramitación de expedientes del personal ya existente y cubrir las necesidades de personal que hay actualmente. Por un lado, hay tres plazas para juristas (jefe de servicio, jefe de la Sección Ejecutiva y Jefe de la Sección Administrativa) que se podrán cubrir en 2 o 3 meses. Por otra parte, durante 2016 se aumentará el número de personal técnico de Administración General (TAG), especialistas en materia jurídica. Finalmente, también se dotarán económicamente 2 plazas de inspector y 1 plaza de auxiliar administrativo, que ya existen en la relación de puestos de trabajo (RPT). En total, se ha previsto que la agencia disponga de 12 trabajadores más, lo que supone casi duplicar la plantilla actual.
En relación con las obras ilegales que se detectan, la Agencia también pone en marcha un protocolo de actuación urgente para paralizar las obras de forma inmediata. Hay que tener en cuenta que, si se acaba la construcción de una edificación ilegal, los costes de la demolición y de la sanción son más altos que si se detiene antes. Por lo tanto, la suspensión inmediata de las obras es la mejor solución.
Bartomeu Tugores ha remarcado que "la disciplina urbanística es realmente efectiva si la obra se paraliza una vez se ve que se ha iniciado. Además, reiteró que «hemos constatado mucho trabajo pendiente por hacer y que el ritmo de trabajo es mejorable, por tanto, en eso incidiremos".
A día de hoy, la ADU tiene 1.206 expedientes pendientes de iniciar los trámites de sanción y de demolición. De éstos, 562 expedientes también están pendientes de calcular el IQA (índice de calificación de actuaciones). El IQA es el instrumento que se utiliza para priorizar las demoliciones partiendo de unos determinados criterios (tipo de suelo, valor de las obras, reincidencia del infractor, etc.). El IQA sólo se calcula en las infracciones cometidas a partir de 2010.
Además, la Agencia de Disciplina Urbanística tiene 150 órdenes de demolición que aún no se han ejecutado. Ya se está trabajando para hacerlas efectivas. Hay que recordar que se anunció que la intención de la ADU es que se haga uso de las multas coercitivas. De este modo, se puede forzar a los propietarios infractores que sean ellos quienes ejecuten la demolición. También hay 70 recursos de alzada pendientes de resolver, lo que impide empezar a recaudar la sanción o demoler la construcción hasta que se hayan resuelto.
Para el Departamento de Territorio e Infraestructuras, la ADU es una de las prioridades para esta legislatura. Además, ya hay cuatro ayuntamientos más que tienen la intención de adherirse a la agencia; estos son Mancor de la Vall, Alaró, Capdepera y Sóller. La consejera ha añadido que «si los municipios ven que la tarea de la agencia es efectiva, se adherirán más".
