El complejo turístico ilegal de Es Cubells, Casa Lola, debe demolerse en dos semanas por orden judicial o será derribado por el ayuntamiento de Sant Josep de forma subsidiaria. El recurso de casación interpuesto por la propiedad ante el Tribunal Supremo para evitar el derribo ha sido desestimado, según ha informado el Consistorio josepí este viernes en una nota.
La propiedad ha sido notificada de la resolución judicial e informada de que tiene un máximo de tres semanas para realizar trabajos de demolición, contando desde el pasado viernes 13 de agosto, quedando así dos semanas de plazo.
Asimismo, con la resolución judicial se han podido concluir también los expedientes de restablecimiento de la legalidad urbanística y continuar con expediente sancionador, que prevé una multa de 1,4 millones de euros por las obras ilegales.
Las obras realizadas sin licencia vulneran la protección del suelo, por lo que se consideran ilegalizables. Suman una edificabilidad aproximada de 1.104 metros cuadrados y una ocupación de 1.892 metros cuadrados, entre terrazas abiertas y cubiertas, 4 edificaciones anexas, 8 volúmenes en planta baja, 3 piscinas, un depósito de agua, una cisterna en construcción y cimientos de otro anexo, y varios muros de cierre de parcela y de divisiones interiores.
La resolución judicial advierte que si transcurrido el plazo no se han ejecutado los trabajos de derribo, el ayuntamiento de Sant Josep lo hará con coste a cargo del infractor. Aún así, contra esta decisión se puede presentar recurso de reposición ante la Junta de Gobierno o ante el juzgado.
El alcalde Ángel Luis Guerrero ha celebrado que se llega al final de un largo litigio contra esta propiedad que “incumple sistemáticamente las leyes urbanísticas”.
Para Guerrero, es un “triunfo” que pone en valor el trabajo de los técnicos del Consistorio y una victoria para los vecinos que “pronto” podrán recuperar la “tranquilidad y el descanso a los que tienen derecho”, ha dicho en alusión a las fiestas ilegales que se celebran en este complejo causando molestias a los residentes de la zona.
El primer edil ha añadido que nunca dudaron de que llegaría este momento porque “el que la hace por fuerza tiene que acabar pagando”. También ha añadido que las tácticas dilatorias de la propiedad “sólo han servido para ganar tiempo y alargar la agonía que han hecho pasar a sus vecinos”.
Guerrero ha remarcado que el equipo de gobierno ha actuado y actuará siempre “contra quien decide ir contra la convivencia, el respeto y las leyes” y ha indicado que aunque las resoluciones no lleguen tan pronto como les gustaría, no hay “impunidad” para hacer la vida "imposible" a los vecinos ni para “lucrarse a expensas” del territorio de la isla, “saltándose las leyes”, ha concluido.
