Una de las medidas a las que ha dado luz verde el Consejo de Ministros es la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética para el periodo 2019-2024, que refuerza las medidas que puso en marcha en octubre pasado el Gobierno para mitigar el impacto de la escalada de los precios de la luz en los consumidores vulnerables.
En ese real decreto-ley se establecía un mandato al Gobierno para aprobar en el plazo de seis meses una Estrategia Nacional de Lucha contra la Pobreza Energética.
La Estrategia, con cuatro ejes de actuación y diecinueve medidas concretas, concluye que es preciso elaborar un nuevo bono social, que deberá ser automático y cubrir todas las fuentes de suministro, tanto eléctricas como térmicos, incluyendo aire acondicionado en determinadas zonas climáticas.
El Gobierno socialista ya amplió en octubre los márgenes de renta para que determinados colectivos pudieran optar al bono social eléctrico y lo complementó con otra ayuda directa para todos los beneficiarios del primero para ayudar a sufragar los gastos de calefacción del invierno: el denominado bono térmico.
Esa ayuda directa, de un mínimo de 25 euros por beneficiario y que se eleva en función del grado de vulnerabilidad y la zona climática en que esté la vivienda, se abona de una sola vez con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
Según ha explicado la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ese modelo se adoptó para solventar la complejidad de la gestión de un bono térmico, pero a partir de ahora el Ministerio se propone avanzar para fusionar los dos bonos que existen para paliar la pobreza energética.
La Estrategia, que se fija como objetivo reducir la pobreza energética en 2025 al 50%, o al menos, en un 25%, también incluye otras novedades para luchar contra la pobreza energética, que el texto aprobado estima que afecta a entre 8,1 y 3,5 millones de personas en España.
Además de no poderse cortar el suministro a un hogar en que haya un menor de 16 años o personas con discapacidad, medida que ya estableció el real decreto-ley de octubre, ahora tampoco se podrá cortar a consumidores vulnerables en situaciones climatológicas extremas, como una ola de frío o calor, y el plazo para poder suspender el suministro por impago pasa de cuatro meses a ocho.
Ribera ha dicho que entre 2008 y 2017 se ha observado un crecimiento importante del número de consumidores vulnerables, con un pico en 2014 y, a partir de esa fecha, ha entrado en una fase descendente.
La cifra de beneficiarios del bono social era a fecha de 13 de enero de 1.115.000 hogares, lo que supone unas 2,8 millones de personas beneficiadas.
Por su parte, el real decreto para desarrollar la normativa de autoconsumo eléctrico renovable, para el cual el real decreto-ley de octubre suprimió el denominado "impuesto al sol" -los cargos que soportaba el autoconsumo-, incluye un mecanismo para compensar el excedente de energía y habilita la figura del autoconsumo colectivo.
La comercializadora de energía compensará al usuario por la energía excedentaria en cada factura mensual en instalaciones con una potencia no superior a 100 kilovatios (Kw).
El real decreto permite compensar el 100% de la energía que se vierte con la que se consume, pero no se pueden cobrar los excedentes en dinero.
La norma permite que un consumidor pueda aprovechar los excedentes de su vecino y coparticipar en el autoconsumo, así como realizar el autoconsumo tanto con instalaciones de generación situadas en la misma vivienda como en otras ubicadas en las proximidades, con lo que se podrán instalar placas fotovoltaicas en edificios contiguos que tengan mejor orientación siempre que haya acuerdo entre las partes.
También crea la figura del autoconsumo colectivo, que fomentará esta fórmula en comunidades de propietarios o en polígonos industriales.
El real decreto de 2015 que regulaba las condiciones para el autoconsumo establecía en uno de sus artículos que en ningún caso un generador se podrá conectar a la red interior de varios consumidores, un artículo que el Tribunal Constitucional anuló en 2017 en respuesta a un conflicto de competencias interpuesto por la Generalitat de Cataluña.
Asociaciones como la Plataforma Suelosolar han dado la bienvenida al real decreto del Gobierno, si bien el fabricante de sistemas fotovoltaicos integrado Solarwatt ha señalado que queda por conocer cuál va a ser el mecanismo de compensación de los excedentes de energía que los particulares vuelquen a la red.
Por su parte, Andimac, organización empresarial para el mantenimiento y reforma en la construcción, ha pedido ampliar las ayudas del Plan Estatal de Vivienda a las instalaciones de autoconsumo.
