domingo. 21.07.2024

La morosidad es uno de los principales desafíos a los que se enfrenta el entramado  empresarial: los retrasos en los pagos de sus clientes podrían llegar a comprometer su  flujo de efectivo e, incluso, la capacidad para cumplir con sus propios compromisos  financieros, como el pago de salarios, impuestos o proveedores. En este sentido, las  compañías cuentan con distintas herramientas legales para afrontar esta problemática,  como es el caso de la Directiva Europea de Lucha contra la Morosidad (LDP), que  actualmente se encuentra en revisión. Pese a ello, muchas de las empresas no estarían haciendo uso de estas herramientas. Según indica el Informe Europeo de  Pagos de Intrum, solo el 46% de las empresas encuestadas afirma aplicar esta  directiva que, entre otras soluciones, les da derecho a reclamar automáticamente  intereses de demora y a cobrar un mínimo de 40 euros como compensación por los  gastos de recuperación. 

En lo que respecta a Europa, la media de respuesta se sitúa en el 47%, un punto por  encima del dato de España. Así, de los 24 países analizados, Irlanda (68%), República  Checa (59%), y Rumania y Portugal (52%) se posicionan como los países donde más  organizaciones reconocen recurrir a este derecho. Por el contrario, Polonia (42%),  Eslovaquia (41%) y Francia (39%), son las naciones cuyas empresas hacen menos  uso de esta alternativa.  

A la hora de preguntar por las razones que incentivarían la aplicación de la  Directiva Europea sobre Morosidad, la respuesta más repetida por los  encuestados en España es la revisión de las normas vigentes (56%). Una  iniciativa que ya estaría sobre la mesa de la Comisión, que trabaja en la actualización  de esta normativa con el objetivo de promover un cambio definitivo hacia una cultura  de ‘pago sin demora’. Asimismo, entre las siguientes opciones por las que las  compañías harían un mayor uso de su derecho de reclamo y recobro, destacan las  mejoras en la aplicación de la norma -mediante, por ejemplo, un organismo público  con competencias para recibir denuncias, iniciar inspecciones y emitir sanciones y  multas administrativas- (42%) y la mediación o soluciones alternativas de litigios (37%). 

Uno de los principales objetivos de la revisión de la normativa sobre morosidad de la  Unión Europea es promover un cambio definitivo hacia una cultura de ‘pago sin  demora’, algo a lo que las organizaciones empresariales también podrían contribuir  mediante el desarrollo de códigos éticos a este respecto. Sin embargo, tal y como  señala el informe realizado por Intrum, tan solo el 32% de las empresas españolas  cuentan con este tipo de documento, una cifra muy similar a la media europea  (33%).

Más de la mitad de las empresas españolas no ejerce su derecho a cobrar intereses por...