De acuerdo a la asociación, del total de solicitudes registradas 625 han sido aceptadas y 426 rechazadas, "fundamentalmente por no poder acreditar el derecho a la prestación".
El acuerdo entre autónomos y Gobierno mejoró el acceso, flexibilizó las condiciones y amplió la duración de la prestación, que está en función de los periodos cotizados en los dos años previos a la solicitud, de los que al menos doce meses deben ser continuados e inmediatamente anteriores a la petición.
Según UPTA, el 60% de los autónomos que ha solicitado el cese de actividad en el primer trimestre ha aludido a causas económicas y más de un 20%, a causas sectoriales.
Los sectores con mayor demanda de cese han sido el comercio, la hostelería y las actividades del sector marítimo, en línea con años anteriores.
UPTA ha instado a poner en marcha la comisión nacional para el cese de actividad, que analizará las causas de las denegaciones con el objetivo de dar las mayores garantías a los solicitantes, así como a abordar otras cuestiones pendientes como la cotización por ingresos reales.
