Room Mate ha presentado este viernes la solicitud de concurso de acreedores voluntario con venta de unidad productiva, acompañada de una oferta vinculante por parte de un inversor que plantea la continuidad del negocio y el mantenimiento de los puestos de trabajo.
Según ha informado este viernes la cadena hotelera, la solicitud la ha presentado ante el Decanato de los Juzgados de lo Mercantil de Madrid.
"Todo ello, sujeto al análisis del administrador concursal y a la aprobación del juez", ha indicado la empresa, que ha explicado que dicho concurso afecta exclusivamente a la sociedad Room Mate y no al resto de sociedades del grupo.
La cadena hotelera aborda así este procedimiento con el objetivo de garantizar la viabilidad y continuidad de su actividad empresarial, el servicio a sus clientes y el futuro de sus trabajadores y proveedores, ha informado.
La compañía ha explicado que, "de esta forma, busca acogerse a las nuevas vías que ofrece la última reforma de la ley concursal para afrontar con mayores garantías y en las mejores condiciones la venta de su unidad productiva".
El grupo ha detallado que "se ha visto fuertemente golpeado por la grave pandemia y por los litigios judiciales que mantiene la accionista Sandra Ortega con los bancos financiadores de Room Mate".
"A pesar de esta difícil coyuntura, y aunque la compañía está en proceso de regularizar el pago con la mayoría de sus proveedores y está en el camino adecuado para su recuperación, el proceso concursal es la fórmula más adecuada para su viabilidad futuro", ha precisado el grupo.
Durante el tiempo que dure el proceso concursal, la actividad de la cadena hotelera "continuará desarrollándose con plena normalidad", de forma que la tranquilidad de clientes, proveedores, y trabajadores está asegurada", ha agregado la compañía.
"Los hoteles seguirán funcionando, las reservas están garantizadas y los servicios se prestarán con los mismos niveles de calidad que caracterizan a Room Mate", ha insistido el grupo.
La compañía fundada y presidida por Kike Sarasola pidió el año pasado una ayuda de 52 millones de euros al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que no le ha sido concedida. EFECOM
